Este lunes por la mañana, en los Tribunales Federales de Santa Fe, comenzó el juicio oral y público contra Luis Alberto Paz, quien está acusado de ser el líeder una organización narco criminal que fue desbaratada en el año 2018 y que tenía su epicentro en Rosario, Santa Fe y Villa Constitución. Su nombre hace años que está asociado al hampa rosarino, desde que su hijo Martín «Fantasma» Paz fue acribillado a balazos el 8 de septiembre de 2012, a plena luz del día, en inmediacines de Entre Ríos y 27 de Febrero. Ese crimen, nunca esclarecido, fue el germen de la investigación del juez Juan Carlos Vienna que derivó en la megacausa contra la banda Los Monos.
Además de Luis Alberto Paz, quien está sindicado como financista y organizador de la banda, también serán juzgados Andrés Fernando Cantelli, un arquitecto señalado como su hombre de confianza, dos hombres oriundos de Villa Constitución, Hugo Díaz y Carlos Suárez, y la pareja de este último, Clauida Líopez. Todos están detenidos desde el 10 de diciembre de 2018, cuando la policía federal logró dar con ellos.
Paz y el resto de los acusados fueron procesados por el juez federal Francisco Miño, quien los consideró responsables de confromar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de más de tres personas. En tanto, a a Paz se el suma el agravante de ser considerado el jefe de la organización y el responsable de lavar el dinero proveniente del tráfico de drogas. El hombre, apodado «el jefe», «el tío» y «el señor de los cielos», no sólo financiaba a la banda sino que invertía las ganancias en inmuebles.
El tribunal está conformado por los jueces rosarinos Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero y el fiscal que llevará adelante la acusación el Martín Suárez Faisal. La instrucción de la causa estuvo en manos del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez.
En la elevación a juicio de la causa, se le atribuye a Paz «haber organizado actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico interjurisdiccional con esporádicos aportes de financiamiento, encabezando una estructura jerárquica caracterizada por la división de funciones y alternancia de algunos de sus miembros ejecutores, desde tiempo relativamente indeterminado pero con punto de partida en 2012 y cuya duración se prolongó hasta el 10 de diciembre de 2018, fecha en la que se produjo su detención”.
También ese le atribuye «haber puesto en circulación dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes con la consecuencia posible de que el origen de los bienes que devinieron de ese accionar adquiera la apariencia de lícito mediante operaciones de compraventa (y en ciertos casos disimulación de la verdadera propiedad) respecto de inmuebles y vehículos que en su conjunto superan holgadamente el requisito objetivo de punibilidad”.
