Condenan a una familia a pagar más de $3 millones por una amenaza de bomba en una escuela de Mar del Plata
La Justicia responsabilizó a los padres de un alumno por el falso aviso que obligó a evacuar una institución. Además, el colegio endureció las medidas de seguridad en medio de una ola de amenazas.
- Judiciales
- Abr 23, 2026
La Justicia de Mar del Plata dispuso que una familia deberá pagar más de 3 millones de pesos tras comprobarse que un estudiante realizó una amenaza de bomba en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, en un contexto de creciente preocupación por intimidaciones similares en establecimientos educativos.
En este marco, el episodio ocurrió luego de que la institución recibiera un llamado alertando sobre la presencia de un explosivo, lo que obligó a suspender las clases y activar un operativo de emergencia. Posteriormente, las autoridades realizaron la denuncia en la Comisaría 4ª, dando inicio a una investigación judicial.
Asimismo, la causa, a cargo de la fiscal Florencia Salas, permitió identificar al autor del hecho, lo que derivó en un allanamiento en su domicilio. Como consecuencia, se resolvió que sus padres deberán afrontar los costos del despliegue policial, además de la quita de un beneficio social que percibía el grupo familiar.
Por otra parte, frente a la gravedad del hecho, la escuela adoptó medidas excepcionales. En ese sentido, tras una reunión del Comité de Emergencia, se decidió prohibir temporalmente el ingreso con mochilas y teléfonos celulares. De este modo, los alumnos deberán asistir únicamente con útiles esenciales, transportados en la mano o en bolsas transparentes.
En tanto, las autoridades escolares también restringieron el acceso de cualquier elemento que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa, reforzando los controles de ingreso.
En este contexto que atraviesa la ciudadanía en todo el país, marcado por la reiteración de casos, el hecho se inscribe en una preocupante ola de amenazas de bomba y posibles tiroteos en escuelas, lo que ha llevado a endurecer los protocolos y a avanzar con sanciones económicas para desalentar este tipo de conductas.

