La Cámara Federal porteña confirmó hoy los embargos preventivos dispuestos sobre 80 propiedades del detenido empresario Lázaro Báez, de sus allegados y de su grupo empresario, y ratificó la inhibición general de bienes decretada para unas 20 firmas vinculadas al holding.
Las medidas fueron dispuestas por la sala II de la Cámara, integrada por Martín Irurzun y Eduardo Farah, en la causa por presunto lavado de activos por la que se encuentra detenido el empresario, que acuñó su fortuna como concesionario de obra pública.
La medidas «fueron adoptadas para proteger los bienes en miras a un futuro decomiso, para cumplir con los compromisos económicos que genere una eventual condena y también para hacer cesar la comisión del delito», informaron fuentes judiciales.
Los embargos y la inhibición de bienes fueron la consecuencia «no solo de los hechos por los que ya han sido indagados y procesados» los acusados, «sino también por todos aquellos otros que la Cámara ha venido señalando al Juez (Sebastián Casanello) en sus sucesivas resoluciones que debe incluir en la investigación», sostuvieron desde la Sala II.
Los integrantes del tribunal de apelaciones remarcaron además que las medidas fueron necesarias «por la particular situación dada por el continuo descubrimiento de nuevas propiedades, cuyo número total todavía se desconoce».
Lázaro Báez está preso desde el 5 de abril, día en el que fue detenido en el aeropuerto de San Fernando al bajar de un vuelo privado que había partido Río Gallegos y que, según la justicia, no tenía plan de vuelo.
El empresario fue procesado por presunto lavado de activos luego de que se difundiera un video captado por las cámaras de seguridad de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, en la que aparecían hombres de su entorno contando grandes sumas de dinero.
También fue procesado por la presunta realización de maniobras para «blanquear» dinero a través de la firma suiza Helvetic Service Group.
La Cámara también avaló provisoriamente la inhibición general de bienes a Jorge Antonio Galitis y Edgardo Raúl Levita, dos financistas «que se encuentran bajo sospecha en la causa y que aparecen vinculados a dos de las empresas de Nevada», investigadas en el marco de la causa contra Báez.
De todas formas, la Cámara recomendó que la Unidad de Investigación financiera y los otros querellantes y el fiscal Guillermo Marijuan realicen medidas de prueba para confirmar mayores relaciones con las maniobras investigadas en la causa.
Galitis y Levita aparecen en la causa vinculados a la firma Aldyne radicada en Nevada que, según la justicia, podría sería la «empresa madre» de otras 123 empresas offshore que podrían haber sido utilizadas para sacar dinero del país.
Ese tramo de la causa se inició el 10 de junio a partir de un informe presentado por el actual Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, sobre el denominado proceso Discovery -con el que se busca recolectar la mayor cantidad de información posible sobre un caso-, iniciado por el fondo NML de Paul Singer para rastrear activos, por ejemplo de Báez, en los Estados Unidos.
