Córdoba: denuncian que la Justicia benefició a un instructor de bomberos que habría abusado de menores 

Un ex instructor de bomberos de la provincia de Córdoba, identificado como Rodrigo S., confesó haber abusado de menores dentro del cuartel durante las prácticas. En un juicio abreviado, que aún debe ser homologado por un juez, fue sancionado a ocho años de prisión –pena que cumple de forma domiciliaria por un presunto cuadro de depresión–, mientras que el abogado de una de las víctimas denunció que hay irregularidades en la causa, dado que lo defendió un letrado que formó parte de la Fiscalía que lo acusó. 

El ex bombero está acusado por cinco delitos: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores. Estuvo un tiempo detenido en Villa María, pero hace una semanas recibió el beneficio de la domiciliaria.

Las víctimas, que fueron abusadas mientras realizaban las prácticas para ingresar al cuartel de Bomberos en la localidad cordobesa de La Playosa, denunciaron lo ocurrido meses atrás. Sin embargo, la querella alertó que el caso tuvo graves irregularidades en las que el acusado salió beneficiado.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, señaló que la causa seguía sus pasos correspondientes hasta que, a fines de octubre, el acusado cambió de abogado y la querella empezó a tener problemas con el expediente digital.

En este sentido, alertó que el abogado que defendió al acusado entre octubre y noviembre fue Alejandro Bianco, quien trabajó en el equipo de la fiscal Juliana Companys, quien está a cargo de la investigación: “Instruyó la causa y luego lo defendió. Es una locura, sabía todos los pasos”.

“Desde ese momento todo fue un caos. El 19 de noviembre, tras una cédula de notificación de la defensa del bombero por problemas de salud mental, le otorgan la prisión domiciliaria. Nosotros recién cinco días después pudimos anoticiarnos de que él ya estaba en su casa”, expuso Corigliano.

Otro punto que expuso el profesional del derecho es que el acusado debería ser condenado a 12 o 14 años de prisión, pero la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo de pena de ocho años de cárcel en un juicio abreviado del que no formó parte la querella. No obstante, la pena aún debe ser homologada por la Jueza de Control, Soledad Dottori.

“Su nuevo abogado consiguió en poco tiempo reducir la pena en casi un 50% y una domiciliaria”, argumentó Corigliano, quien indicó que frente a este “papelón” decidieron recurrir a los medios de comunicación. Ante la denuncia al Colegio de Abogados, Bianco renunció a medidos de diciembre y fue reemplazado por Teodora Perassi.

“Lo escandaloso de esta causa es que hay incompatibilidad clara en cuanto en lo ético y moral. Un funcionario no puede estar de los dos lados del mostrador. No puedo yo investigar y después, cuando ya está terminada la pesquisa para elevarla a juicio, renunciar y ponerme como defensor del acusado”, manifestó.

A ello se suma que, una vez que el acusado fue beneficiado con la prisión domiciliaria, los abogados de las víctimas recibieron mensajes que advertían que no tenía tobillera electrónica y salía a buscar pedidos y se movía por el lugar: “Recién la semana pasada se supo que tenía tobillera porque la fiscal Companys sacó un comunicado. Si la hubiese tenido puesta desde un comienzo, tendría que haber estado escrito en la resolución, pero no fue así, quisieron protegerse”.

Corigliano destacó que Rodrigo S. “es un abusador serial” y que hay más víctimas, pero dichas investigaciones están prescriptas por el paso de los años.

Se espera que el 1 de febrero sea una jornada importante debido a que la querella se va a oponer de manera formal a la resolución del otorgamiento de la domiciliaria: “Esperamos que la Jueza de Control entre en razón y revoque la decisión”.

Ese mismo día la querella presentará un escrito en el Incidente del Abreviado inicial, que aún no está resuelto por la Jueza de Control, para sugerir que la pena mínima sea de 10 años de prisión.