Gran cantidad de gente se concentró este lunes por la mañana frente a los Tribunales Federales de Rosario en el marco del comienzo de juicio de la causa denominada «Villazo», en la que se investigan crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ciudadanos de Villa Constitución que se movilizaron en 1975, en la considerada «última gran huelga clasista del siglo XX», y que tiene características históricas porque será la primera vez que en la región se juzgue la responsabilidad de la empresa Acindar en la represión estatal y paraestatal de la dictadura militar.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Federal Nº 1, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moises Vazquez y Otmar Paulucci, ante los reclamos de sobrevivientes, familiares de víctimas y la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos delegación Rosario (APDH) para que se inicie el juicio de esta causa que se instruye desde hace una década.
«Hemos sufrido tanto para llegar aquí, esto es un avance formidable. Porque resulta que este es un juicio a las empresas, no es a los elementos siniestros, que muchos ya están condenados a perpetua, son las empresas de Villa Constitución las que se unieron en contra de la clase obrera, porque nuestro sindicato tuvo muchos años de intervención», dijo a Conclusión Zenón Sánchez, visiblemente conmovido. «Nosotros tenemos el triste privilegio de tener 60 mártires entre nuestros compañeros. Y le agradezco a los organismos de Derechos Humanos que nunca bajaron sus banderas».
Por su parte, la abogada que representa a la querella, Gabriela Durruty, remarcó que «hay un inmenso acervo probatorio, que se ha reunido durante estas cinco décadas de impunidad». A su vez, destacó que en esta causa se logró «hacer atravesar la puerta del Tribunal a porciones representativas de los responsables de aquella represión, que incluye por primera vez a dos personas que representan la responsabilidad que tuvo la civilidad en el golpe de Estado». «No olvidemos que hay personal jerárquico de Acíndar imputado. No olvidemos que la fábrica fue la más importante en aquel momento del cordón, que se comprometió con esta decisión de reprimir al movimiento obrero organizado, al punto tal de construir dentro de sus propias instalaciones un centro clandestino de detención».
La abogada recordó que los obreros eran detenidos «legajo en mano de la empresa». Y celebró que se haya podido alcanzar estas instancias.: «Vamos a intentar hacer nuestro trabajo y estar a la altura de las circunstancias. Tenemos muchos años de lucha en la espalda para lograr que ingresen a la sala de audiencias y que transunten en las debidas condenas. Llevamos muchos años de juicio y mucha experiencia en la materia, como para saber que la prueba que hemos podido acompañar va a alcanzar para, al menos, condenar a esta porción pequeña, porque realmente la represión fue tal que no podríamos creer que se agota en estos 24 imputados, pero sí también proporcionar la reparación que solo el Servicio de Justicia puede brindar después de tanto dolor, tanto sacrificio y tanta lucha de los compañeros y su familia, y yo diría la ciudad de Villa Constitución entera.
Durante el debate, que comenzó este lunes a las 10, serán juzgados una veintena de responsables civiles y del Estado por los delitos de «privación ilegítima de libertad, torturas, asociación ilícita y homicidios» cometidos contra 69 víctimas, muchos pertenecientes al movimiento obrero, que gestó la última gran huelga clasista del siglo XX en Villa Constitución y su cordón de empresas metalúrgicas que luego serían absorbidas por la empresa Acndar.
«Lo más importante para nosotros es que se trata del primer caso en la región en el que se indaga la vinculación y la responsabilidad de una empresa (Acindar) en los hechos represivos llevados adelante en tiempos previos, pero vinculados a nuestro criterio, a lo que luego fue la dictadura militar», indicó el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate.
En ese sentido, señaló que «serán llevados ante un tribunal de justicia, dos de los responsables civiles que fueron ejecutivos de Acindar». Se trata del jefe de personal de la metalúrgica Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, quien cumplía funciones administrativas en la firma.
«Los testigos y la documentación indican que ellos colaboraban activamente con la represión marcando objetivos y víctimas», apuntó el fiscal, y explicó que «eran de alguna forma, los intermediarios entre el directorio de la empresa y las fuerzas represivas».
Entre los elementos que la Fiscalía encontró para atribuirle responsabilidad a Acindar figuran que las personas que fueron secuestradas pudieron ser marcados como objetivos para las fuerzas represivas gracias a la información que brindó la firma que poco antes había hecho una actualización de los legajos de su personal con fotos y los domicilios. Además, la metalúrgica brindó un espacio físico que sirvió como centro clandestino de detención, conocido como albergue de solteros y también dio sobre sueldos a las fuerzas de seguridad, les brindó asistencia mecánica en los talleres que tenía la empresa y les habilitó vehículos, según consta en la causa.
Lo que se indagará durante el juicio son delitos que abarcan la ocupación militar, policial y parapolicial de la ciudad de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, a raíz del triunfo de la opositora Lista Marrón en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, cuando unos 4.000 agente de las fuerzas «ocuparon» la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y produjeron homicidios, secuestros y aplicación de tormentos.
Los testimonios recabados por las diferentes querellas reflejan la «saña y la persecución» que sufrieron las familias de los obreros encarcelados, contienen declaraciones de víctimas que eran niños y presenciaron los secuestros de sus padres en sus hogares, de testigos de algunos de los homicidios «aleccionadores» que incluyeron la exhibición de los cuerpos en la vía pública y de detenidos que vieron que las fuerzas policiales y parapoliciales portaban sus legajos laborales de Acindar a la hora de capturarlos.
Según la investigación judicial, ese proceso represivo ofició como «laboratorio» de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez.
«Nosotros establecemos una vinculación entre la circunstancia de que en aquel momento José Alfredo Martínez de Hoz era el presidente de Acindar y que más tarde se convirtió en el ministro de Economía paradigmático de la dictadura militar«, indicó Villate, al tiempo que señaló que «él mismo reconoció que la dictadura venía a modificar una matriz económica y productiva de la Argentina, en esa matriz, el movimiento obrero significaba claramente un obstáculo».
En esa línea señaló: «Son los mismos trabajadores los que van a pasar por el tribunal para contar cómo fue que el 20 de marzo de 1975, cuando una ciudad entera fue sitiada por kilómetros de camionetas y tanques de asalto, se militarizaron las fábricas y se reprimió a sindicalistas en los hechos conocidos como el ‘Villazo'», apuntó.
