Casi seis años después de aquel fatídico 6 de agosto en que estallaron en mil pedazos los sueños y las vidas de decenas de personas, finalmente, se conocerá la sentencia y se definirá la suerte de los 11 imputados por aquella tragedia que enlutó la ciudad y se cobró la vida de 22 personas. Este martes, a las 14, el tribunal de primera instancia conformado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala harán público el fallo tan largamente esperado por los familiares de la víctimas.
Se trata de una causa atípica y vapuleada, una batalla judicial que llegó a término con tan sólo un querellante, ya que el resto decidió no seguir adelante con la demanda contra los dos gasistas que interviniveron en el edificio , el ayudante de uno de ellos, los tres responsables de la administración y cinco empleados de Litoral Gas, entre ellos la gerenta técnica.
Los acusados
– Osvaldo Carlos García (gasista)
– Pablo Miño (ayudante de García)
– José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre)
– Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio)
– Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas)
– Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas)
– Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas).
Pedidos de penas
Cuatro fueron los fiscales que, folio a folio, construyeron la causa: Graciela Argüelles, Miguel Moreno, Valeria Piazza Iglesias y María Eugenia Iribarren. En los alegatos de apertura y clausura la Fiscalía solictó la pena máxima para nueve de los once imputados, 5 años de prisión efectiva por el delito de estrago culposo agravado. En tanto solicitaron el sobreseimiento para José Luis Allala y Gerardo Bolaño.
La acusación consideró que la explosión fue una consecuencia de una cadena de negligencias en la que formaron parte desde el gasista hasta los funcionarios de Litoral Gas pasando por los responsables de la administración del edificio.
En tanto, los abogados de la querella, Angelo y Luis Rossini, que representan a la familia de Débora Gianángelo, pidieron 5 años de prisión efectiva para los once imputados porque consideran que «todos fueron responsables por acción u omisión.
Por su parte, la querella, representada por la familia de Débora Gianángelo –una de las 22 víctimas fatales– pidió la pena de 5 años de prisión efectiva para los once acusados. Sostuvo, a través de los abogados Ángelo y Luis Rossini, que «todos fueron responsables por acción u omisión».
