Explotación laboral y reducción a la servidumbre a más de 40 trabajadores: acusaron al administrador de un campo de frutillas
La Policía rescató deun establecimiento rural de Arroyo Leyes a 45 trabajadores en condiciones de clandestinidad, entre ellos dos menores. Dormían sobre cajones y les daban linternas para trabajar durante la noche.
La Unidad Fiscal de Santa Fe imputó al responsable de un establecimiento rural de cultivo de frutillas de la localidad de Arroyo Leyes, a quien se le dictó prisión preventiva por 150 días por la explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas halladas en condiciones de hacinamiento, entre ellas dos menores de edad.
De acuerdo con lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría migrantes de la provincia de Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada. Algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para trabajar por la noche, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El acusado fue identificado como F.P., un joven de 25 años que dirigía las tareas en un campo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta provincial N°1, en la localidad de Arroyo Leyes, a 23 kilómetros de la capital santafesina.
F.P. quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. En relación a 43 personas es agravado por tratarse de más de tres víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumación de esa explotación; y respecto de otros dos casos, a los mismos agravantes se le sumó que las víctimas son menores de edad. La imputación fue formulada por el fiscal federal Walter Rodríguez y la fiscal coadyuvante Milagros Traverso.
Clandestinidad
Al exponer el caso, la fiscal Traverso le atribuyó al imputado “haber captado, trasladado, recibido y acogido a por lo menos 45 personas, entre ellas dos menores, abusado de su situación de vulnerabilidad, con la finalidad de reducción a servidumbre”. El hecho se concretó durante al menos cuatro meses, hasta el 1° de octubre pasado, luego de que un trabajador denunciara la situación y se realizara un allanamiento en el lugar.
El fiscal Rodríguez analizó el contexto social y de vulnerabilidad de las víctimas. “En el allanamiento nos encontramos con 42 personas -otras tres se retiraron ante el procedimiento- y la situación se verificó en estado de flagrancia. El factor gravoso se da por el número significativo de víctimas, lo cual demuestra una afectación concreta del bien jurídico protegido por la norma”, recalcó.
En la misma línea, afirmó que “desde la perspectiva de la dignidad humana, en términos colectivos y de las condiciones relativas a la vivienda y al lugar, la conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física”. Además, consideró que “las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad”.
Prisión preventiva
El juez de Garantías que dirigió la audiencia, Eduardo Rodrígues Da Cruz, dispuso a pedido de la defensa dispuso un cuarto intermedio y dictó provisoriamente la prisión preventiva del imputado por 72 horas.
Al reanudar la audiencia, el 7 de octubre pasado, se debatió nuevamente la procedencia de la medida de coerción solicitada por los representantes del MPF y el juez resolvió extenderla por el plazo de 150 días. Además, otorgó 90 días hábiles a la fiscalía para ampliar y completar la investigación.
A solicitud de los fiscales, autorizó la extracción de datos de siete teléfonos celulares incautados en el marco de la pesquisa, de una computadora y de un DVR (con grabaciones de cámaras de seguridad) y el secuestro preventivo de una camioneta Volkswagen Amarok.
Además dictó la incompetencia parcial de las actuaciones sobre el hallazgo de 12 armas de fuego de distintos calibres, 250 municiones y 21 gramos de marihuana encontrados en poder del imputado, respecto de las cuales ordenó otorgar intervención al Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de la Santa Fe.