Indagarán al juez federal Salmain por corrupción: un supuesto 10% que se achicó por culpa de Milei
El magistrado será indagado el 25 de noviembre por su par Vera Barros. Está acusado de habilitar judicialmente la compra de U$S10 millones en el mercado oficial para su venta en los paralelos.
Gastón Salmain, el magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº1 de Rosario, será indagado el próximo 25 de noviembre por su par Carlos Vera Barros por los delitos cohecho pasivo agravado -por ser magistrado judicial- y prevaricato, en el marco de una presunta asociación ilícita que habría conformado con el financista rosarino Fernando Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, ambos imputados a la vez en la causa que terminó con la carrera judicial y la libertad ambulatoria del ex juez federal Marcelo Martín Bailaque.
El imputado está sospechado de favorecer mediante una resolución judicial firmada en diciembre de 2023 la compra en el Mercado Único Libre de Cambio (MULC) 10 millones de dólares a un fideicomiso vinculado a Whpei, que habrían terminado en cuentas del exterior para el presunto pago de una deuda contraída en esa moneda.
Los fiscales del caso, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra, creen que esos 10 millones que saltaron el cepo gracias a la resolución de Salmain, terminaron vendidos en los mercados paralelos con el fin de captar el spread, la diferencia entre la cotización oficial y la de los mercados paralelos o el ilegal (dólar blue).
Un imputado colaborador declaró que el juez reclamó el 10 por ciento de esa diferencia (el spread) a cambio de habilitar judicialmente el salto del cepo que existía en ese momento para la adquisición de divisas en el mercado oficial, pero que la llegada al gobierno de Javier Milei, la violenta devaluación del 118% de diciembre de 2023 y el achicamiento de la brecha entre los dólares hizo que el magistrado no recibiera los U$S 200 mil que esperaba, sino mucho menos.
El financista Fernando Whpei, del Grupo Unión, al ser imputado por extorsión junto al ex juez Bailaque.
“Asume Milei, el srpread se achica y el 10% se reduce”, dijo a Conclusión un investigador del caso. Por un presunto enojo ante esa situación, el juez realizó una denuncia por estafa procesal contra Whpei -que era el financista que había solicitado comprar los U$S 10 millones- al considerarse “engañado” para firmar la controvertida resolución, que finalmente terminó revocando la Cámara Federal de Apelaciones, pero cuando el negocio ya se había llevado a cabo.
El rol del escribano Santiago Busaniche, en tanto, habría sido el de “facilitador” de ese entramado tachado como ilícito por los fiscales, dijo a este diario digital un vocero del caso. El ex rugbier santafesino está sindicado como una suerte de “operador judicial en las sombras” de muy bajo perfil pero codiciados contactos.
En la misma causa, el juez Vera Barros notificó del llamado a las declaraciones indagatorias del escribano Busaniche, para el 26 de noviembre, y del empresario Whpei para un día después.
La reunión y el 10%
De acuerdo a la investigación, la fiscalía requirió las indagatorias al considerar que los tres “formaron pare de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1, a cargo de Salmain.
Para la Fiscalía, “en ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen un proceso judicial para que resulte beneficiado en aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
La compleja maniobra se dio en el marco del expediente que se tramitó ante el juzgado a cargo de Salmain, y fue realizada a través de la presentación de una demanda declarativa de inconstitucionalidad, donde Attila Fideicomisos SRL, atacó las resoluciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que restringían el acceso al MULC para el pago de deudas en dólares estadounidenses, contraídas con anterioridad al 1° de septiembre de 2019.
Además, Attila Fideicomiso SRL (vinculado a Whpei) solicitó como medida cautelar urgente que se le autorice a acceder al MULC y utilizar los fondos depositados en pesos en la cuenta que el Fideicomiso Doubleblue poseía en la aplicación financiera Reba, y los que se depositen en el futuro, para adquirir dólares estadounidenses hasta completar 10 millones de dólares, y transferir esos importes a la cuenta de uno de sus acreedores: DB ACF Netherlandsl BV.
A cambio, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, por su colaboración como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares, sostienen los acusadores en el pedido de indagatoria.
De acuerdo a los elementos que expusieron los fiscales, para cumplir con el plan criminal Salmain se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. En esa ocasión, el financista le entregó el escrito de presentación que realizaría y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle “con Busaniche”.
Una resolución de 10 palos verdes
El planteo judicial, que fue a parar al juzgado de Salmain, tenía por objeto que se declare inconstitucional un artículo de una circular del BCRA que había impuesto restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial, por su cíclica escasez.
Attila argumentó que había contraído una deuda en dólares en noviembre 2018 con entidades extranjeras, el DB ACF Netherlands y Sollaria Performance Group Hospitallity LLC, que debía pagar porque corrían elevados intereses y que necesitaba adquirir los dólares oficiales para cancelar ese crédito.
El escribano Santiago Busaniche, al ser imputado en la causa por corrupción del ex juez Bailaque.
Las restricciones a la compra de dólares -popularmente denominada cepo- habían sido impuestas por el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2019, en medio de una corrida y luego de acudir al megapréstamos del FMI, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 609/19.
El 5 de diciembre de 2023, el juez Salmain le otorgó a Attila Fideicomisos SRL (Whpei) la cautelar que le permitiría la compra de 10 millones de dólares al valor oficial. La operación se hizo a través de Reba Compañía Financiera S.A, del grupo local liderado por Horacio Angeli, que en cumplimiento del fallo “procedió a aplicar la totalidad de los fondos existentes a la cuenta de la actora ($931.210.942) para, luego de gastos y comisiones adquirir en el MULC la cantidad de U$D 1.128.850, señalando que ‘al momento no existen más fondos en la cuenta corriente de la actora’”, que es el fideicomiso Attila.
Lo que se sabe ahora, a partir de la declaración de un imputado colaborador, es que el juez habría solicitado el 10% del spread a cambio de firmar la controvertida resolución.
La corrida
Como consecuencia de la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023 y no conformes Salmain y Busaniche con el porcentaje solicitado al principio de la maniobra, se produjo una ruptura que culminó con amenazas de denuncias penales contra Whpei. Ello sucedió un tiempo después con la remisión del expediente por parte de Salmain al MPF, donde denuncia el delito de estafa procesal respecto de las actuaciones de Attila SRL.
Los fiscales consideraron que Whpei, Busaniche y Salmain “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”. Y que, con esas conductas, “direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Estos últimos de plena autoría del magistrado, y como partícipes necesarios Whpei y Busaniche”.
Los tres serán indagados la semana que viene por el juez federal Vera Barros, bajo el viejo código procesal penal que mantiene el secreto de esas actividades jurisdiccionales.