Mientras continúa la audiencia imputativa que comenzó este jueves en el Centro de Justicia Penal, a una facción de la banda de Los Monos, 14 personas a las que se les achacan seis homicidios y 18 hechos de balaceras perpetrados entre noviembre de 2022 y marzo de este año, entre los que se cuentan el crimen de «Jimi» Altamirano y el ataque al supermercado de la familia Rocuzzo, los fiscales dieron una conferencia de prensa en la que precisaron algunos detalles de la causa.
«Se trata de un grupo que, en principio, era parte de Los Monos, y en un momento se escindió por diferencias económicas», explicó el fiscal Matías Edery. «Ahí empezaron a atentar, utilizando instituciones públicas para dejar carteles sabiendo que eso genera repercusión para hacer que el otro grupo reaccione. Esa modalidad la vimos muchísimo, la hemos visto en muchos carteles, con los que prácticamente estaban hablando entre ellos usando la vía pública. Y eso repercutía con los homicidios, los atentados, las balaceras, y los muchos heridos que hubo en este tiempo».
En cuanto al atentado contra la familia Rocuzzo, el fiscal Franco Carbone apuntó que en ese contexto de facciones enfrentadas, en la cual una de ellas manejaría la barra brava de Newell’s, es el que se realiza el ataque al supermercado Único. «Se buscaba alto impacto mediático. Tengamos en cuenta el cartel que dejaron, en el que también nombran al intendente de la ciudad. Obviamente no tenía nada que ver con la familia Rocuzzo, sino que lo que se buscaba era visibilizar esta disputa interna y generar notoriedad pública».
Por ese ataque fue imputado uno de los referentes, que instigó la mayoría de los delitos y quien está imputado como líder de la asociación ilícita, por intimidación pública agravada por el uso de armas en concurso con daño agravado. «El objetivo que tenían era, justamente, perjudicar los negocios tanto sean formales o informales que rodean a lo que es el liderazgo de la barra brava de Newell´s, porque están bien diferenciados quiénes de ellos o qué sector están hoy a cargo de la barra brava, entonces el sector antagónico lo que quería es perjudicar en ese sentido».
Sobre el crimen de Lorenzo Altamirano, los fiscales remarcaron que quedó en medio de eso siendo una persona que nada tenía que ver. «Pudimos ver en las cámaras como él es secuestrado directamente en calle 27 Febrero e Iriondo, lo meten de los pelos en un auto y cinco minutos después lo matan en la puerta de la cancha de Newell´s, dejando un mensaje contra quienes hoy son las personas que manejan la barra de ese club. En ese caso, el mensaje es para «Pollo» Vinardi , «Toro Escobar» y Gerardo Gómez, el «Dibu’» Gómez que había sido su chofer y atentado dos días antes Ovidio Lagos y Jorge Cura, donde le habían disparado a bordo de un Audi A4″
La labor de investigación de todos los hechos fue realizada por un equipo de siete fiscales que convocó la fiscal regional María Eugenia Iribarren: Luis Schiappa Pietra, Matias Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos; Adrián Spelta y Gisela Paolicelli de la Unidad de Homicidios Dolosos y Franco Carbone, Pablo Socca, y Federico Rébola del Equipo de Abordaje de Hechos cometidos con Armas de Fuego de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción. Todos fueron convocados por la fiscal regional María Eugenia Iribarren para llevar un trabajo coordinado en las investigaciones.
Todos coincidieron en que se trató de una ardua tarea. «No es que nos encontramos con todas las afirmaciones e inmediatamente pudimos identificar a los autores, tuvimos que hacer una tarea para llegar a los vehículos que se sustrajeron, de ahí a las personas que los conducían y por último poder determinar quiénes fueron los que ejecutaron y en el global de toda esta investigación, quiénes fueron los que dieron las órdenes» explicaron. «La punta del ovillo siempre es la cárcel y las órdenes que se dan desde el servicio penitenciario. Sabemos que muchas veces estos hechos son directamente determinados desde los lugares de detención y nos pareció muy importante visibilizar esto justamente, en las cabezas de estas organizaciones que fueron las que, de alguna manera, determinaron a otros a cometerlo».
En ese sentido, el fiscal Luis Schiappa Pietra remarcó que por eso es tan importante «poder imputar tanto a los autores materiales como a los instigadores de estos hechos que, en la gran mayoría, están en su lugar de alojamiento y muy cómodos». «Pasamos intervenciones telefónicas de algunas personas que hablaban horas por teléfono desde su lugar de alojamiento. Esto excede por mucho el derecho a la comunicación que puede tener cualquier tipo de recluso. Lo que pasa es que acá hay una cuestión clara de la forma en que se administra el servicio penitenciario y el cumplimiento de penas que, en la mayoría de estas cárceles, son todas federales. Aquí hay claramente que dar otro tipo de respuesta que obviamente no le compete a las agencias judiciales, son las agencias políticas a cargo de la administración de las cárceles».
