La investigación por el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner sigue empantanada y, ya sea por inacción u omisión, no parece que vaya a tener un buen final. En ese contexto, con duras críticas a la jueza María Eugenia Capuchetti, los abogados de la funcionaria denunciaron que Gerardo Milman entregó a la magistrada, en lo que se quiso mostrar como un gesto de colaboración, un teléfono celular que no tenía en el momento en que el atentado ocurrió y que tampoco utilizó en las diez semanas posteriores.
De acuerdo a la presentación que realizaron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal en un escrito dirigido a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rivolo, el teléfono entregado es un iPhone 14 Pro que salió a la venta en Estados Unidos en septiembre de 2022, después del atentado, que fue el primer día de ese mes. Además, hay otros tres aparatos que el diputado no aportó, «dos de los cuales sí habría usado» en aquella época. En otra causa el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Milman y un grupo de colaboradores/as. Se investiga un posible enriquecimiento ilícito y desvío de fondos durante su gestión como número dos de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, en el gobierno de Mauricio Macri.
Los letrados señalarón que «lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos». Pero apuntaron que, «aún así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación». Y enfatizaron: «Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado».
«La demora de vuestra señoría en actuar ha hecho que, luego de un año, solo tengamos un celular de Gerardo Milman que ahora sabemos que no tiene relevancia y que es sólo uno de cuatro dispositivos que tiene el diputado nacional», le reconvinieron los abogados a la magistrada.
En el mismo texto , expusieron que «el recurso en trámite por la defensa de Milman ante la Cámara de Casación (para bloquear la apertura de su teléfono celular) no obsta al secuestro de los dispositivos» y señalaron que, «como máximo, podría quedar pendiente su análisis, pero es inadmisible seguir perdiendo el tiempo».
Además, los abogados también reclamaron a Capuchetti que «ponga a disposición de las partes la información en su poder relativa a las llamadas y mensajes entrantes y salientes de Milman» que ya entregaron las compañías de telefonía celular y que se mantiene en la caja fuerte del juzgado.
«Insistimos en que se trata de información cuyo estándar de revelación es menor que el de analizar un dispositivo secuestrado, por lo que no es una medida que requiera esperar la determinación respecto del celular de Milman que adopte la Cámara de Casación. Por lo tanto, debe ser inmediatamente puesta a disposición de las partes para avanzar con la investigación», señalaron los abogados.
Y cerraron: «Rogamos que, por una vez, la jueza siga lo que marca la prueba y el ordenamiento jurídico, y no intereses políticos o animadversiones personales. Lo que ha hecho Milman al entregar un celular posterior al atentado y ocultar la existencia de otros tres dispositivos es una burla a la jueza, al fiscal y a la víctima. La única respuesta posible es la que se deriva del rigor de la ley»
El análisis de los teléfonos del diputado había sido solicitado en primer lugar por el fiscal Carlos Rívolo y rechazado por la jueza Capuchetti. Luego, fue aprobado por la lCámara Federal y hasta por la Cámara de Diputados. Pero como el legislador, considerado en algún momento la mano derecha de Patricia Bullrich, apeló, ahora debe definir la Cámara Federal de Casación Penal.
Si bien Milman no tenía obligación de entregar su móvil, su abogado Manuel Barros, se presentó el 22 de agosto último en el juzgado y ofreció un celular, como aparente gesto de colaboración y para que quedara a resguardo.
La fiscalía había pedido el tráfico de IMEI (un código de identificación) de ese y otros aparatos de Milman a las empresas prestatarias. Como es habitual, junto con el IMEI fueron enviadas las llamadas entrantes y salientes. La jueza guardó esa información en la caja fuerte e impidió que la vieran las partes. La querella volvió a reclamar el acceso. Pero con los pocos datos accesibles (solo los IMEI) pudo ver que «Milman entregó un celular posterior al atentado y que tiene, al menos, tres celulares más, de los que no dio noticia».
Los abogados señalaron que la supuesta voluntad de colaborar de Milman es «una burla a la justicia», e insistieron en que «las dilaciones causadas por el accionar jurisdiccional han permitido el borrado de prueba y obstruido la búsqueda de la verdad».
La llamada «pista Milman» surgió a partir del testimonio de Jorge Arbello, que dijo haber escuchado una conversación del legislador en el bar Casablanca, (en la esuqina del Congreso), que tuvo lugar dos días antes del atentado y en la que Milman habría dicho: «cuando la maten yo estoy camino a la costa».
Con él se encontraban sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, a quienes la jueza Capuchetti se negó a secuestrarle los teléfonos pese a que mintieron en su declaración. Los presentaron el 1° de diciembre, tras una orden de la Cámara. La primera dijo que tenía un aparato nuevo, la segunda que había borrado todo.
Bohdziewicz volvió a declarar en mayo y confesó que el borrado no fue voluntario sino que su compañera la había llevado a una oficina de Bullrich donde esperaban un perito que se ocuparía de vaciar el dispositivo y Milman, a quien según la joven también «le manipularon» el celular. A Gómez Mónaco, comentó, la mandaron comprar un teléfono nuevo. Tenía, reveló, otro más. Rívolo pidió incautar los celulares de Milman y el oculto de Gómez Mónaco.
