Natalia Obando López llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro, acompañada por su abogado, Carlos Broitman y se dirigió al cuarto piso, al despacho del juez federal Sergio Torres, que la semana pasada había ordenado su captura al acusarla por su presunta responsabilidad en la organización narcocriminal que planeaba traficar cocaína oculta en un cargamento de arroz. Pocos minutos después, la ciudadana colombiana Natalia Obando López, alias «la Vieja», de 31 años, quedaba detenida.

Después de negar las acusaciones y de sostener que es inocente, por intermedio de Broitman, Obando López pidió el beneficio de la prisión domiciliaria. Misma situación que cumple su ex pareja y padre de su hija de seis años, el también ciudadano colombiano Juan Carlos López Cortez, acusado en la denominada causa Luis XV, llamada así por el secuestro de cocaína oculta en muebles de estilo.

Uno de los argumentos planteados por Broitman para solicitar la prisión domiciliaria de Obando López fue la necesidad de cuidar a su hija de seis años. La menor nació en la Argentina. Antes de tomar una decisión sobre el planteo presentado por Broitman, el juez Torres ordenará una serie de estudios socio ambientales y entrevistas con asistentes sociales, informaron fuentes judiciales.

Después de entregarse, «la Vieja» dijo ser inocente y que no tiene nada que ver con el intento de tráfico de cocaína en el cargamento de arroz descubierto en Rosario.

Explicó que tiene una relación de amistad con otros dos sospechosos de nacionalidad colombiana con pedido de captura, Víctor Camargo López, alias «Cachete», y Edilberto Varas Fernández, apodado «Mey» y sus respectivas esposas.

Pero, según consta en el expediente judicial, el juez federal Torres y su equipo de colaboradores sospechan que «la Vieja» era una parte más de la organización narcocriminal, liderada presuntamente por los hermanos Erman y Williams Triana Peña.

«Los distintos encuentros y tratativas advertidas sugerirían que tendría directa vinculación con la obtención de la droga desde Bolivia», sostuvo el juez federal Torres en la resolución donde ordenó una serie de allanamientos y la detención de varios presuntos integrantes de la organización narcocriminal.

Pero además, siempre según el expediente judicial, vivió en el mismo departamento que figuraba como domicilio legal de una de las nueve empresas que los investigadores judiciales sospechan utilizaba la organización criminal para lavar dinero.

La empresa en cuestión es Hard Business SRL, que había declarado como actividad principal la exportación de productos alimenticios y sus domicilios legales eran Baigorria al 4600, en Monte Castro; Juan Manso al 1100, en Puerto Madero, y Arce al 400, en Palermo.

«El departamento de Arce al 400 en Palermo, que figuraba como uno de los domicilios legales de Hard Business SRL, es el mismo donde habría residido Obando López», sostuvo el juez Torres en la resolución.

Obando López había dicho: «No tengo nada que ver (con la banda de narcotraficantes). Soy inocente. Me enteré por los medios de comunicación del secuestro de la droga». Esta declaración fue el viernes pasado, pocos minutos después de que el juez federal Torres rechazara un pedido de eximición de prisión presentado por Broitman.

«La seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la probabilidad de que la imputada (por Obando López) intente eludir la acción de la Justicia o entorpecer la investigación», sostuvo Torres en los fundamentos para rechazar el pedido presentado por el abogado defensor de la sospechosa.

Con la entrega de Obando López aún quedan 14 personas con pedido de captura internacional por la causa del «narcoarroz».