Plata fácil: condenan a seis empleados de una inmobiliaria por más de 500 casos de estafa
Los empleados del Grupo Spaggiari SRL de Rafaela recibieron penas de 3 años. Los dueños del comercio irán a juicio, con pedidos de sanción por 25 años. Entre 2019 y 2022 pedían dinero para inversiones inmobiliarias con una tasa de retorno alta, pero dejaron de reintegrar los fondos.
Seis personas de entre 42 y 59 años, identificadas como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, fueron condenadas por integrar una asociación ilícita que cometía estafas en la ciudad de Rafaela mediante juicios abreviados en los que asumieron su responsabilidad penal. Todos eran empleados de una inmobiliaria gestionada por el Grupo Spaggiari SRL y recibieron penas a tres años de prisión de cumplimiento condicional. Los dueños del comercio y su madre irán a juicio oral a partir del 8 de octubre por más de 500 casos de presuntas estafas.
La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rafaelinos. El fiscal Guillermo Loyola realizó la investigación.
Estafa piramidal
El fiscal Loyola planteó que “los condenados eran miembros de una asociación ilícita que cometió numerosas estafas y cuyos jefes eran los propietarios de la empresa para la que ellos trabajaban”. En tal sentido, agregó que “las maniobras fueron cometidas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022”.
“Los condenados ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero en efectivo –en moneda nacional o en dólares estadounidenses–, en favor del grupo inmobiliario, el cual supuestamente iba a ser destinado a inversiones inmobiliarias y actividades productivas como la fabricación de ladrillos, aberturas y otros elementos relacionadas con la construcción”, detalló el funcionario del MPA.
De acuerdo a la descripción que realizó Loyola, se trató de un caso de estafa piramidal, que se sostiene mientras haya “inversores” dispuestos seguir contribuyendo con fondos al negocio. El fiscal también precisó que “le decían a las víctimas que el dinero que aportaban les generaría ganancias genuinas, y que en plazos relativamente cortos se les reintegraría el capital más los rendimientos, los cuales iban a ser muy superiores a los que ofrecían las colocaciones bancarias”.
Loyola añadió que “en un determinado momento, los clientes dejaron de percibir los pagos de intereses y los reintegros de capital que se habían convenido”. Y agregó que “para captar víctimas, la asociación ilícita recurrió a publicidad por distintos medios y al ‘boca a boca’”. Además, los condenados se aprovecharon de la fachada y del reconocimiento público que tenía el grupo inmobiliario en la ciudad santafesina de Rafaela.
En cuanto a los pagos realizados por las víctimas, el fiscal señaló que “los clientes entregaban el dinero de forma personal y en efectivo en las oficinas del grupo inmobiliario, o lo enviaban en efectivo a lugares en los que estaban los integrantes de la asociación ilícita”.
Condenas y juicio
Los seis empleados condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional -es decir, en libertad- aceptaron reducir los plazos procesales mediante juicios abreviados, en los que asumieron su responsabilidad en carácter de miembros y como partícipes necesarios de estafas. A la vez, las víctimas fueron informadas y, en su mayoría, expresaron su conformidad con lo resuelto, lo que también manifestaron quienes se constituyeron como querellantes.
En paralelo, la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela agendó para el jueves 8 de octubre el inicio del juicio oral y público a cuatro personas: los dos propietarios del Grupo Spaggiari SRL, la madre de ellos y una empleada.
Para cada uno de los hermanos, cuyas iniciales son FLS y MGS, el fiscal Loyola solicitó penas de 25 años de prisión efectiva por la coautoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefes y estafas reiteradas (560 hechos).
Por su parte, para la madre –cuyas iniciales son MOC– de los hombres investigados como jefes, la Fiscalía solicitó una pena de nueve años de cumplimiento efectivo por la coautoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y partícipe necesaria de estafas reiteradas (132 hechos).
En tanto, para la empleada acusada, cuyas iniciales son CRS, la pena solicitada es de cinco años de prisión efectiva por la coautoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y partícipe necesaria de estafas reiteradas (81 hechos).