El Senado aprobó una ley que garantiza la gratuidad en las universidades públicas y prohíbe la posibilidad de implementar exámenes de ingreso. Además, la norma abre la puerta para que se puedan flexibilizar los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular.
La Cámara alta dispuso en la sesión de ayer la modificación de varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995, y uno de los más importantes es el 2°, donde ahora queda explicitado que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas».
A su vez, garantiza que sean «las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización» de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales si las tuviere.
El proyecto fue impulsado por la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós. «La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la chilena», indicó la autora de la modificatoria, la diputada.
«Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos», agregó.
Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.
Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe «suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización».
Las modificaciones responden así a algunas de las críticas más fuertes contra la LES formuladas por estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.
