Por Elisa Soldano
Cinco ex directivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) fueron procesados por la Justicia Federal, acusados de verter desechos cloacales sin tratar en el río Paraná. El juez penal Carlos Vera Barros también ordenó embargar los bienes de los ex titulares de la empresa “hasta cubrir la suma de $1.000.000 por cada uno”, pero las organizaciones ambientales aún esperan la resolución del fuero civil, que podría ordenar a la compañía la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la zona sur de Rosario.
En su resolución, el juez Vera Barros decidió procesar a los ex directores de Aguas Santafesinas entre 2019 y 2023, Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna y Darío Corsalini, y al ex gerente, Gustavo Omar Actis, por haber contaminado el río Paraná “de un modo peligroso para la salud y el suelo, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350 millones de litros diarios”. Según el documento, estos desechos se tiraban al río desde la planta ubicada en Circunvalación y Ayolas.
La causa inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil Cuenca Río Paraná: el trabajo cotidiano en las costas rosarinas alertó que algo no andaba bien y, tras realizar los estudios correspondientes, se pudo comprobar la contaminación de las aguas. Entre 2019 y 2020 se realizó la denuncia civil y en el 2021 la penal.
Pese al avance en el ámbito penal, el abogado de la organización, Fabián Maggi, cuestionó las demoras en el Juzgado Civil. “Nuestra principal preocupación no es que los directivos vayan presos, sino la falta de dictado de una sentencia que obligue a la provincia de Santa Fe a construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales”, dijo el letrado a Conclusión.
Al ser consultado sobre si estos desechos solo se vertieron al agua entre 2019 y 2023, el abogado observó: “Es altamente probable que haya ocurrido antes y después, incluso ahora. Lo que sucede es que para que un proceso penal avance y se pueda imputar, el delito se tiene que circunscribir en un margen de tiempo”.
A las pruebas me remito
Al advertir la contaminación, las organizaciones ambientalistas decidieron abrir dos frentes judiciales: uno en el ámbito penal y otro en el civil que, por una cuestión jurisdiccional, recayeron en los tribunales federales. En el primero se busca que los responsables sean condenados, mientras que en el segundo se apela a que Aguas Santafesinas realice las obras necesarias para comenzar a tratar estos desechos.
En el marco de esta causa, tanto Fiscalía como las organizaciones ambientalistas realizaron pruebas que probaron la contaminación: se tomaron imágenes satelitales que reflejaron una “coloración impropia” del agua por la presencia de “materia fecal y sustancias aceitosas y grasientas”; mientras que un informe de laboratorio aseguró que los desechos vertidos por Aguas Santafesinas contribuyen “enormemente” a la contaminación del Paraná.
“Nuestra mayor preocupación no es que los directivos reciban condenas penales, sino que la empresa construya una planta de tratamiento de efluentes cloacales en un plazo razonable, no de acá a tres décadas”.
Además, personal de la Unidad Federal de Investigación de Delitos Ambientales describió que en Ayolas y Circunvalación existía “un entubamiento en ruinas, desde el que bajaban al río aguas oscuras con un fuerte olor a materia fecal, manteniéndose visible el color oscuro por aproximadamente 300 metros aguas abajo”.
El fallo del juez Vera Barros recordó que Aguas Santafesinas “es la responsable por la calidad de los líquidos de origen sanitario descargados en el vaciadero y por el tratamiento de los mismos”, al tiempo que destacó que en las aguas del Paraná se hallaron “elementos contaminantes con concentraciones que exceden lo permitido”.
Maggi destacó que en su resolución el juez hace una descripción “muy valiosa” de cómo se configura penalmente un delito ambiental, donde “lo que se pena es haber puesto en riesgo la calidad del ambiente y la salud pública”.
En este sentido, el abogado apuntó que estos desechos pueden “causar infecciones tanto en la fauna como en el ser humano, y propician la aparición de algas y cianobacterias que son tóxicas y disminuyen en el oxígeno presente en el agua y la luz solar tiene menos capacidad de ingresar”.
“Parte de los hechos denunciados ocurrieron durante la pandemia y la bajante extrema del río, dos factores que incrementaron el riesgo”, señaló Maggi, quien además detalló que los efluentes cloacales “no solo contaminan el agua, sino que también la primera franja de la costa, como la arena, las playas o los juncos”.
Un reclamo a la justicia civil
El abogado destacó que el fallo del juez Vera Barros es “la antesala a una sentencia condenatoria”, aunque aclaró que aún queda la instancia de apelación ante la Cámara Federal de Rosario.
A pesar de que la denuncia se hizo cuatro años atrás, la causa aún no mostró avances en el Juzgado Civil. “Hemos pedido reiteradamente que la jueza Sylvia Aramberri dicte la sentencia definitiva y condene a Aguas Santafesina a construir una planta de tratamiento de efluentes en el 2024”, explicó Maggi.
Y agregó: “La jueza insiste con generar nuevas pruebas con una producción difícil y costosa. Las consideramos innecesarias porque es repetir lo que ya está hecho. Las mismas pruebas que tenía Vera Barros son las que tiene Aramberri y, sin embargo, el juez encontró todo acreditado para una acusación mucho más grave como es la imputación penal, que requiere un grado de certeza mucho mayor. La doctora Aramberri quiere extender casi indefinidamente el proceso realizando nuevas pruebas, parece que no quiere dictar la sentencia”.
