El juez federal Luis Rodríguez procesó hoy con prisión preventiva al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por administración fraudulenta en el manejo de fondos para la mina Río Turbio.

Fuentes judiciales informaron a NA que la decisión se tomó en el marco de una de las causas en las que De Vido fue detenido en el penal de Marcos Paz y previamente desaforado por la Cámara de Diputados.

Junto al procesamiento, el juez le trabó un embargo sobre sus bienes por un valor de 250 millones de pesos.

«Se investigan en autos los posibles delitos derivados del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de fecha 14 de enero de 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique Mercado, y el rector de esa casa de estudios, ingeniero Héctor Carlos Brotto, cuyo aparente objeto resultó la cooperación entre ambas instituciones en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT», expuso el juez en la acusación.

También se lo acusa por la irregularidad en el segundo grupo de contrataciones relacionadas con el «Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio», también llamado «Tren Histórico Eva Perón».

Para el caso, el tren tuvo un costo de 344 millones de pesos, aunque nunca se puso en funcionamiento.

Según se investiga, las obras y demás cursos eran por convenios en los cuales el Estado libró 26.000 millones de pesos que se canalizaron a través del Ministerio de Planificación Federal y por la UTN.

Se calcula que hubo un desvío de unos 265 millones de pesos que no llegaron a su destino original, sumado a sospechas de pago de sobreprecios de las obras planificadas.

«Este manejo discrecional de fondos provenientes del Estado Nacional ha sido advertido claramente al analizar los extractos bancarios, los balances y las declaraciones juradas de la Fundación», sostuvo Rodríguez.

Al evaluar la prisión preventiva, el juez consideró que «más allá de la banca que ocupaba en el Congreso Nacional, su capacidad de influenciar y determinar a terceros» se deriva también de sus antecedentes en la Administración Pública provincial y nacional».

En ese sentido, consideró que los medios económicos de los que dispone De Vido no son los únicos que le permitirían entorpecer la investigación «tal como señalaron los acusadores públicos y los jueces de la segunda instancia».

«Aquí también gravitan los vínculos entre sus familiares y las entidades investigadas en autos. Es por esto que no vislumbro que sea posible asegurar los fines del proceso a través de medidas cautelares menos restrictivas», sostuvo el juez Rodríguez.