En el marco del denominado Foro de Evaluación de la Reforma Procesal Penal, a dos años de vigencia del nuevo sistema, el Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón, fue el responsable de dar inicio al panel debate organizado por el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, que tuviera su desarrollo en el Salón Juan Bautista Alberdi. También participaron de este encuentro el secretario general del Ministerio Público de la Acusación, Mario Barletta, el fiscal del MPA, Estanislao Giavedoni, el diputado provincial Leandro Busatto, y el profesor de la UCSF y ex juez José María García Porta.
El defensor provincial Gabriel Ganón señaló que le “generó preocupación que el Secretario de Justicia – Javier Prono- haya indicado que están trabajando codo a codo con el Ministerio de Seguridad”, ya que “continúa confundiéndose cuál es la verdadera función de cada uno dado que no puede haber una íntima compenetración entre dos funciones que son diametralmente opuestas” porque “la seguridad implica conservación del orden y la justicia acarrea mantener el valor y el respeto por el orden democrático donde las tensiones entre Estado de Derecho y Estado policial son constantes y permanentes”. Y advirtió que esta situación así planteada “coloca a los funcionarios judiciales en una situación de muchísima debilidad para llevar adelante sus funciones”.
El titular del Ministerio Público de la Defensa puntualizó que “en el ámbito penal, la justicia interviene cuando se provoca una infracción a la norma, al orden establecido y mantener la seguridad implica evitar que la infracción al orden jurídico ocurra”. De igual forma consideró que “no se puede ni debe buscar la preservación del orden a cualquier precio”.
Sobre el análisis y diagnóstico acerca del funcionamiento del nuevo sistema procesal penal fue crítico al señalar que “luego de dos años nos encontramos en el mismo lugar que antes, en una administración de justicia que sigue siendo duramente cuestionada por la opinión pública y que tiene que ver con esta simbiosis que desde los comunicadores se instala respecto a que la administración de justicia y de la seguridad son dos aparatos del Estado que deben funcionar armónicamente y bajo una misma dirección”.
Del mismo modo, expresó que “si la dirección del proceso estaba en manos del Juez, y hoy convertimos en cierta medida al fiscal en lo que era el viejo Juez de instrucción, y no obstante ello seguimos trabajando con los mismos elementos, con idénticos recursos humanos, sobre el mismo tipo de delitos y con los mismos delincuentes y la misma policía, difícilmente el funcionamiento de la administración de justicia vaya a cambiar en la medida que no se modifique el estado de situación de las cosas”.
A su vez, manifestó que previo a la puesta en marcha del nuevo sistema, desde el oficialismo provincial prometían un “gran cambio” capaz de “solucionar todos los problemas que tenía la administración de justicia”, con mayor eficacia, agilidad y transparencia en esta nueva forma de perseguir y juzgar delitos. Sobre este punto, el Defensor Provincial sostuvo que previamente había advertido al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, acerca de la imposibilidad de iniciar este camino con carga cero, dado que era imposible “llevarlo adelante solamente poniendo en acción unos cuantos y pocos actores”.
Ganón también aclaró que los recursos resultan “insuficientes” tanto para el Ministerio Público de la Defensa como para el Ministerio Público de la Acusación y que “esto tiene consecuencias sobre la realidad vivencial de las víctimas”. De esta forma, puso como ejemplo a los Fiscales quienes, según su opinión, “no realizan lo que se prometió iban a desarrollar”. Argumentó que esta problemática se produce porque “resultan desbordados en su trabajo diario de investigar, y esa carga está dada por lo que le plantean las agencias policiales” dado que “entre un 90 y 95 % del trabajo que desarrollan los fiscales es el que le determinan que hagan las agencias policiales”. Por ende, indicó que la situación planteada “tensiona al sistema y ha hecho que muchos delitos como ser lesiones culposas, violencia institucional y violencia de género, en general tengan poco tratamiento en las fiscalías, y que las víctimas que han hecho este tipo de denuncias no tengan las respuestas que se esperaban y prometían al poner en funcionamiento el nuevo aparato judicial”. Y aseveró que “el proceso penal ha quedado reducido a lo que se quería evitar y es que la mayoría de los procedimientos en la provincia de Santa Fe se terminan mediante el juicio abreviado”.
Por último, el Defensor Provincial mencionó el acuerdo abreviado por el que fue condenado el ex comisario de Frontera a la pena de seis años por una serie de hechos cometidos, entre los que se encuentran la “crucifixión” de un vecino de la localidad durante la madrugada de mayo de 2014, quien fue encontrado por policías de la ciudad de San Francisco -Córdoba- envuelto con cintas de embalar, a quien luego le habían constatado golpes visibles y sufría un cuadro de hipotermia. El titular del Ministerio Público de la Defensa criticó esta decisión y expresó que “la calificación que se otorgó en ese juicio abreviado a este policía no solo estuvo en contra de la ley sino que puede calificarse de increíble y absolutamente ilegítima”. Y finalmente se preguntó: “¿Cómo vamos a recuperar la credibilidad de la justicia si el fiscal que intervino considera que este hecho no es desaparición forzada y tortura?”
