El ex magistrado español Baltasar Garzón, que desde el 2012 se desempeñaba como asesor internacional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dimitió a su cargo.
La relación del jurista con el kirchnerismo se remonta a 2005, cuando el ex juez pidió la extradición a España de militares acusados por cometer crímenes de lesa humanidad.
Debido al interés del Gobierno del Frente para la Victoria por la causa de los Derechos Humanos, Cristina Kirchner confraternizó rápidamente con Garzón, quien fue inhabilitado como magistrado en España en 2012 acusado de prevaricato, por ordenar supuestamente escuchas ilegales a imputados en un caso de corrupción que salpicaba a miembros del Partido Popular.
Ese mismo año, Cristina le otorgó el DNI como residente extranjero en Argentina y le ofreció un cargo en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Por sus servicios, el jurista cobraba un sueldo equivalente al de un subsecretario de Estado, que ascendía a los 96.368 pesos brutos, según fuentes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
