Por Alejandra Ojeda Garnero

En la audiencia de este jueves pidió ampliar su indagatoria la agente Rocío Hernández, señalada como coautora del delito de desaparición forzada seguida de muerte, aunque se encuentra en libertad desde enero de 2018. Contó detalladamente su rutina desde el 6 de octubre de 2014 hasta cómo es su vida hasta la fecha. Dejó comprobantes de todos sus movimientos, y ofreció su teléfono celular que sigue a la espera de ser peritado, a pesar que lo ofreció junto a su clave de desbloqueo. También el sargento Guerrero, que cumplía funciones de chofer en la comisaría, hizo uso de su derecho a defensa y contó en detalle, con aportes del GPS del móvil, los recorridos que realizó el 7 de octubre de 2014, incluso el trayecto que siguió para constatar el domicilio de Franco. También volvieron a declarar las hermanas del joven, Carina y Malvina Godoy sobre un video donde se observa a un joven deambulando por distintas intersecciones de la zona norte de la ciudad, con el objetivo de determinar si se trata del joven de Florencio Varela.

Un total de diecinueve policías se encuentran procesados por la muerte de Franco Casco, cinco de ellos llevan más de cinco años detenidos en penales federales y otros en prisión domiciliaria acusados de desaparición forzada, torturas y muerte, delitos que prevén la condena más severa del Código Penal. Desde el 6 de diciembre de 2021 están siendo juzgados y el tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez deberán resolver, en base a la profusa prueba producida en el debate, la responsabilidad de cada uno de los policías.

Las contradicciones siguen surgiendo audiencia tras audiencia, ya que mientras la teoría acusatoria sostiene que Franco fue detenido el 6 de octubre de 2014 en la Estación de trenes Rosario Norte, cada vez más pruebas ponen en duda esas afirmaciones. Entre tantas otras, GPS de los móviles, llamados telefónicos, modulaciones radiales, diligencias que se realizaron y quedaron documentadas, más las pruebas científicas, muestran un panorama más que claro.

Cosas por decir

Hernández aclaró que «pedí ampliar la declaración porque no quería que terminen las audiencias y quedarme con cosas por decir». La agente comenzó su relato a partir del momento de la detención ocurrida el 4 de septiembre de 2017, «año en que me cambió la vida».

«Ese día estaba en la casa de mi abuela en Santo Tomé, veo en un grupo de WhatsApp de compañeros policías que estaban diciendo que los habían ido a detener a sus casas, a otros al lugar de trabajo. Por eso hablo con el jefe de la séptima que era Sandoval y me fui a sacar pasaje, tomé el colectivo, fui a la comisaría séptima, ahí me detuvieron y me trasladaron a Gendarmería», detalló Hernández sobre los primeros momentos del caso.

«Ingenuamente pensé que iba a prestar declaración y que me iba a volver a mi casa. Después de dos o tres días me trasladaron a este edificio a entrevistarme con los defensores, y comenté lo que les voy a contar a ustedes ahora», continuó.

«Tomé conocimiento que estaban buscando a este chico un día que estaba en la guardia de la comisaria séptima, pasaron una noticia por la televisión, miro y no lo identifico por la fotografía. Pido el Libro de Guardia anterior al que en ese momento estaba en la oficina, busqué, no recuerdo si por la fecha o por el nombre, y veo que yo había estado el día que entró ese chico a la comisaria. Entonces me vinieron fragmentos de recuerdos», expresó la joven.

«Lo primero que recordé es que ese dia el 7 de octubre del año 2014, había sido el cumpleaños de mi marido. Ese día llamé, a las 6.03 desde la localidad de Maciel, para llegar más tarde, porque me quería quedar a desayunar con él porque en ese tiempo hacía 24 por 72», contó y dejó constancia del DNI de su marido y del informe de la celda que la tomó en su ubicación. Además, presentó fotografías que tomó el mismo día con su celular «que está aún a la espera de ser peritado. Los mismos datos de la fotografía van a estar en el celular”. También aclaró que cuando entregó el celular, facilitó el patrón de desbloqueo.

Otra antena la toma en su trayecto en el colectivo «para venir a trabajar, a las 10.38 del 7 de octubre de 2014, en la zona de Oliveros». De acuerdo al libro de guardia Hernández ingresó a la comisaría a las 12.20 aproximadamente.

«El primer recuerdo que tengo cuando llegué a la comisaría es que estábamos en la oficina de Guardia, ya habíamos terminado de comer, y en un momento ingresa el jefe Álvarez con el instructor de sumarios Acosta, trasladando a un masculino, entre la 1 y las 2, porque ya habia algunas personas haciendo fila para la requisa de la visita femenina. Después, recuerdo que estaba Álvarez en la puerta mirando hacia el interior de la guardia, fumando un cigarrillo y le colgaba una de sus mangas».

También recordó que «había salido con el sargento Guerrero en el móvil 4387 y nos detuvimos en un kiosco para pagar un Pago Fácil o Rapi Pago, estaba por Urquiza entre San Nicolás y Cafferata, el desciende y cuando regresa el móvil no arrancaba y le tuvimos que pedir a unas personas que nos ayudaran a empujar, cuando regresamos a la comisaría el móvil 4387 queda fuera de servicio, por lo que cuando vamos a llevar las fichas y solicitar los antecedentes a Jefatura, vamos en el móvil 5667», recordó.

Al llegar a Jefatura «voy a dactiloscopía con las fichas y una nota, no me las reciben porque la nota estaba mal hecha». Lo cual consta en el libro de guardia, que «regresan a las 19.20 Guerrero y Hernández con la ficha rechazada por nota mal dirigida, e informa que Índice General informó que Godoy Franco no está identificado y no posee captura», detalló.

Dentro del mismo edificio, Hernández se dirige a Índice General y mientras espera respuesta, «hablé con mi marido el 7 de octubre de 2014 a las 19.02», llamada que es tomada por la «antena de Anchorena».

Al volver a la comisaría, «Greiner me pasa las novedades de lo que faltaba tramitar de esta persona que estaba demorada en la comisaría». Pero en ese momento, «veo que sale el agente Silva con Guerrero trasladándolo para poder realizar la constatación de domicilio».

Respecto de esta diligencia, la agente comentó que «cuando entra una persona demorada a la comisaría, el oficial de guardia tiene tres cosas por hacer: solicitar los antecedentes, pedir el medico policía, y efectuar la constatación de domicilio».

Usualmente esto último «se hacía vía telefónica a la comisaria de la jurisdicción de la cual corresponde el domicilio de la persona». En algunos casos no se podía realizar de esa manera por distintos motivos, «por lo tanto lo hacíamos de manera personal», explicó.

A modo de ejemplo citó casos en los que los agentes trasladaron a distintos detenidos a sus domicilios para su constatación, y en el caso que lo encuentren se le daba la libertad en el lugar, con la firma del acta correspondiente para dejar constancia en el libro.

En el caso de Franco Casco, «según consta en el libro de guardia número 15 folio 98, regresa en el móvil 5667 con demorado y constancia a las 20.20 horas. Tras efectuar recorrida por calle Ricchieri, Av. del Valle, Callao, Jujuy hacia el oeste, y la intersección de calle Bordabehere y Alsina y sus alrededores, el señor Godoy manifiesta en todo el recorrido no recordar cómo llegar al lugar donde habitara el o sus familiares», la persona no se supo orientar.

Como lo manifestaron varios de los imputados que hicieron uso de su derecho a defensa, Hernández afirmó: «Nosotros tratamos siempre por todos los medios de cumplir con las diligencias para que la persona se pueda retirar de la comisaría, porque tener a una persona demorada más de las horas debidas incurriríamos en una privación ilegítima, por eso siempre tratábamos de cumplimentar todas las diligencias que nos ordenaba el fiscal».

En aquel momento Hernández se encontraba en período de lactancia «por lo que iba cada cierto tiempo al baño a sacarme leche. Cuando regreso, el jefe Álvarez me pide que salga con el sargento Saucedo a recorrer la jurisdicción en el móvil 5667, sacamos una comisión en jurisdicción de la comisaría sexta y regreso a las 22, cuando se retiraba Belkis González, y reconozco que no dejé asentado el franco de servicio de Belkis. Fue un error mío», se lamentó.

Además, mencionó otros errores y omisiones que tuvo a lo largo de su trayectoria, que pudo observar al repasar la causa y leer el expediente. Con lo cual pretendió demostrar que era habitual cometer errores u omisiones en el trabajo diario.

Mucho se habló en esta causa sobre los errores y omisiones en el libro de guardia sobre la fecha de detención de Franco Casco, sobre horarios equivocados o que no figuraban en los registros, Hernández aclaró la situación y enumeró la cantidad de veces que se cometieron errores como omitir la hora de entrada o salida de algún personal, o registrar su salida de franco de servicio, equivocaciones al transcribir un acta de procedimiento, o errores en las fechas.

También se refirió al manejo del libro de guardia, «muchos dijeron que lo tenían atrasados dos horas, con lo cual disiento». Brevemente explicó que «si estoy pasando un acta de procedimiento que me lleva unos 20 o 25 minutos, y en el mismo momento ocurren otras cosas, no puedo asentarlas hasta tanto termine de transcribir el acta, por lo tanto se anota en una hoja borrador para anotarlo luego. De lo que no hay duda es que todo está detallado cronológicamente como ocurrieron los hechos», explicó la agente.

Continuando con el relato del día que Franco estuvo en la comisaría, contó que «en el momento que se va Belkis, Franco toma unos cordones que estaban en una mesa y se retira de la comisaría», y aclaró “lo único que tenía eran los cordones de las zapatillas”.

Los puntos importantes para demostrar en qué momento estuvo Franco Casco en la comisaría abundan, en este caso, Hernández contó que «Greiner dejó asentado el llamado al Agudo Ávila, donde fue atendida por Javier de Vigilancia, a las 15.45 quien dice que Franco no es paciente del nosocomio».

También figuran los registros de las llamadas para pedido de antecedentes, fecha en la cual la Jefatura de Policía de Rosario tenía las líneas de teléfono fuera de servicio. A través de otra comunicación le confirman que Franco no tenía pedido de captura.

Otro dato que demuestra que Franco no fue detenido la noche del 6 de octubre es un llamado que recibe la comisaría para pedir la intervención por un hecho cercano a la comisaría, y la agente Díaz manifiesta que no puede ir porque no hay personal.

Por último, comentó cómo se transformó su vida a partir de la detención y acusación en esta causa. «Quiero agradecer a dios y a la virgen por estar acá, porque no fue fácil transitar este proceso. Aunque estoy en libertad me siento presa igual que ellos, mi vida no volvió a ser la misma». «Tengo que lidiar con cuestiones a nivel psíquico, porque un día fui a trabajar y me acusaron de algo que no hice», manifestó entre lágrimas la agente.

«Tengo síntomas paranoicos, pienso que cualquier persona va a inventar algo de mí y me van a detener», se lamentó.

Respecto a su trabajo dijo que «no pude volver a portar arma y uniforme, y no sé si lo voy a poder hacer».

Además, afirmó: «Se que la familia de Franco perdió un hijo, y quiero justicia por eso, quiero saber que le pasó, pero nosotros no fuimos. Yo lo vi salir de la comisaría caminando».

«Espero que se descubra la verdad, que se sepa lo que realmente pasó, para que él y su familia tenga justicia, y nosotros y las nuestras también», pidió.

En varios puntos del relato mencionó a su abuela, «ella decía que con la verdad se llega a todos lados, y la misma que sostuve en su momento, la sostengo ahora y voy a sostener siempre».

A pesar de que la agente Hernández se puso a disposición para responder preguntas, solo el fiscal el hizo un comentario sobre un llamado a medicina legal, hecho que la imputada ya había manifestado que no recordaba. Ningún otro profesional realizó preguntas.

Un video realizado por el defensor oficial Martín Gesino, quien representa a ambos efectivos.

Cuando la verdad no alcanza

Marcelo Guerrero se desempeñaba como chofer en la seccional séptima. Fue quien junto al agente Silva llevaron a Franco Casco a realizar una recorrida para cumplir con la orden de constatación de domicilio requerida por el fiscal para cualquier persona que llegue en calidad de demorada o detenida a la comisaría.

Según contó el sargento, «ingresé a la Fuerza en febrero del 2000, los primeros tres años pasé por la comisaría 27° de Arroyo Seco, 1° de Rosario y 33°, donde cumplí la función de oficial de guardia refuerzo. A partir del 2003 me trasladan a la comisaría 5° donde estuve hasta el 2012 cumpliendo la función de cabo de cuarto, con detenidos de alto perfil, estuve nueve años completos con una veintena de motines, con tentativa de evasión por distintos conflictos que se armaban en los penales. Después pasé a la comisaría 6°, 7°, 8°, sub 24°, 3° y 10°, pasé por diez comisarías hasta el 2017 cuando se me pidió la detención. Quiero dejar en claro que en todo ese tiempo jamás tuve una denuncia de parte de ningún detenido. Aclaro esto porque veo que se está queriendo poner como eje el tema de la violencia institucional, descartando del juicio la primera imputación que se nos hizo».

Sobre la causa dijo que «el 7 de octubre de 2014 cumplía la función de chofer en la comisaria séptima de 8 a 20, pero llegaba alrededor de las 8.45 cumplía las 12 horas de servicio y me retiraba a las 20.45».

En esa fecha, «hice el recorrido en el móvil 4387 de 11.15 a 12.15. Fui a Jefatura a buscar la ración fresca, carne, pollo, papas y pan. Informé a la Central que salgo solo, para que tengan en cuenta que no me pueden comisionar ningún ilícito porque estoy solo en el móvil». El personal que entregaba el racionamiento en Jefatura estaba hasta las 13, por lo tanto, el alimento para los detenidos debía retirarse antes de ese horario.

El mismo día, «tengo una salida en el mismo móvil 4387, por el recorrido es probable que haya ido a cargar combustible en Córdoba y Cafferata, ahí se cargaba GNC, luego voy hasta Salta y Alvear, a un supermercado y luego regresaba a la comisaría. Era un recorrido habitual». «Después almorzamos, y quedamos a la espera de la visita, y veo el ingreso del comisario que traía de la calle a Franco con el instructor de sumarios, lo meten en el cuartito, se hace la requisa y lo ingresan al penal transitorio».

Luego «seguimos con el tema de la visita colaborando con la requisa de paquetes, y a las 16.30, según el libro de guardia, hasta las 17 salgo con el móvil 4387 me dirijo con la agente Hernández al maxikiosco a realizar el pago de la tarjeta de mi madre».

Al regresar con el móvil, «lo dejamos fuera de servicio porque cuando estábamos en el maxikiosco se paró y tuvimos que pedir ayuda para empujarlo», contó el sargento del mismo modo que lo hizo Hernández.

«A las 18.25 salimos nuevamente con Hernández a la Jefatura para llevar la ficha dactiloscópica (de Franco) y solicitar los antecedentes penales. Regresa y me informa que la ficha no había sido recepcionada y regresamos a la comisaria a las 19.20», explicó Guerrero.
Minutos más tarde «hay otra salida mía 19.30, baja Hernández a darle las novedades al oficial de guardia de los trámites que habíamos hecho en Jefatura. Salgo a hacer un recorrido, lo más probable es que el chico que me lavaba el auto (particular) me lo haya traído y yo lo llevé a la casa, es algo habitual que hacíamos».

La próxima salida «fue con Silva para hacer la constatación de domicilio de Franco. En el libro figura el horario de 19.30 a 20.20. Hicimos un recorrido, él había dicho que se ubicaba por las vías férreas por eso opté por empezar por la terminal norte y bajar costeando la vía. Llegué hasta el final de la jurisdicción y como no se ubicaba regresamos a la comisaria, le doy las novedades al oficial de guardia, y a las 20.45 me retiro franco de servicio. Mi próxima guardia fue el 9 de octubre de 2014», detalló Guerrero.

En esa fecha «no tengo ingreso en el libro de guardia, pero tengo una salida a las 10.05 en el móvil 4387 junto con la agente Brítez, salimos a recorrer. A la hora me envía una señal de alerta la agente Greiner donde manifiesta que estaban los familiares del chico que habíamos tenido detenido en la guardia anterior, para que si lo veía por la zona, lo llevara a la comisaría porque su familia lo estaba buscando, pero no ubicamos a nadie», refirió sobre el 9 de octubre.

Los efectivos procesados en esta causa sostienen su inocencia desde un principio. Del mismo modo siempre estuvieron a derecho, se presentaron, muchos de ellos voluntariamente al saber que estaban siendo buscados para su detención y a otros los encontraron en sus lugares habituales de trabajo o vivienda. «En el 2016 nos pidieron que nos dirijamos a la sección fotografía, por orden de la Fiscalía Federal 1. Después, en el 2017, quince días antes de nuestra detención, estaba cumpliendo servicio adicional en el banco Galicia, que hago desde septiembre del 2000 día por medio desde las 8.30 a las 19, y un compañero me dice que había salido una nota en Rosario 12 donde decían que se iba a pedir la detención de todo el personal de la comisaría séptima por la desaparición de un chico», señaló.

«El 4 de septiembre mi hermano me comunica que me estaban buscando en la casa de él, domicilio que había dado cuando ingresé a la Fuerza. También me llegaron mensajes de otros compañeros que estaban deteniendo, algunos se presentaban en la comisaría, otros se presentaron espontáneamente en el Destacamento Móvil 2 de Gendarmería. Yo me presenté y quedamos detenidos e incomunicados», manifestó Guerrero en su ampliación.

Después de tres años de ocurrido el hecho, los policías se presentaron pensando que les tomarían declaración y volverían a sus puestos de trabajo, pero no fue así. «Luego de unos días detenidos, nos trajeron a este edificio (Tribunales federales), los defensores oficiales nos explicaron la situación y aconsejaron no declarar porque habían encontrado tres mil fojas y no sabían nada. Desoí a mi defensora y no solo dije que iba a declarar sino que iba a responder preguntas. Me leyeron la imputación, no las pruebas. Ella dijo que en el juicio se iba a resolver. Pensé que con la verdad era suficiente, y hoy me doy cuenta que no fue así».

Guerrero también respondió a una nota publicada por el mismo medio local que decía «los policías optaron por hacer silencio», pero no fue así «esta vez opté por seguir los consejos de mi defensor».

“No es Franco”

Las hermanas de Franco Casco, Carina y Malvina Godoy fueron convocadas a la audiencia de este jueves para corroborar si la imagen de la persona que aparece en una serie de videos “mejorados”, pertenecen a Franco Casco. La consulta de los abogados querellantes se centró en la vestimenta y no en la fisonomía, rasgos característicos, forma de caminar, estatura, u otra seña particular del joven.

Carina Godoy, hermana de Franco Casco retomó su declaración en torno a los videos mejorados de distintas zonas de la ciudad donde se observa una persona de similares características a las del joven de Florencio Varela.

Del mismo modo que lo hizo en su declaración anterior, Carina Godoy aseguró que la persona que aparece en los videos «no es mi hermano”.

Con tan solo una observación sobre el video de 3.36 minutos pudo asegurar que “la ropa no es la que trajo», además agregó que «en una imagen vi zapatillas blancas y él no tenía zapatillas blancas, los dos pares que tenía eran negras, y tampoco trajo ropa blanca».

De acuerdo a los dichos de Carina Godoy, «él trajo una remera con rayas que decía Lacoste y bermudas. La remera que trajo no es esa, ahí parece que tiene algo blanco, pero no tenía ropa blanca, esa oscura no es la que trajo, tenía más rayas».

Ante la consulta de la Fiscalía dijo que no reconoce la forma de caminar «no es la misma forma que caminaba mi hermano, este va como rengueando y el caminaba más derecho, él nunca rengueó».

El defensor Rodrigo Mazzuchini le consultó si había visto estos videos con anterioridad, y la testigo respondió que «no, a ninguno».

Luego fue el turno de Malvina Godoy, observó los mismos videos que su hermana y en consonancia con Carina, aseguró que «no es Franco», porque «no es la forma de caminar de él, en uno lo noto petiso y en otro alto», dijo.

Al observar una imagen detenida, donde se observa al joven de frente a la cámara y en una toma más cercana, afirmó «esta persona no es Franco, por su físico, por su cara, no es».

Sin embargo, no se realizaron consultas sobre la fisonomía, el pelo, estatura, y otras características que fueron analizadas en las pericias y que aportarían datos más concretos por parte de sus familiares directos, solo se focalizó en la ropa que vestía.

También fue citado el chofer del colectivo que tuvo incidentes con los hinchas de Rosario Central el 6 de octubre del 2014 a las 21.30 y que se detuvo en Ovidio Lagos entre Brown y Güemes a esperar a la policía, luego de un llamado al 911 por parte de una pasajera.

Luego de tantos años, Bruno Nicolás E., quien sigue trabajando como chofer de colectivos, no recordó el hecho puntual, pero si reconoció que vivó algunos episodios similares, sin poder precisar la fecha. «He tenido incidentes con rotura de vidrios, pero en otros lugares», recordó.

También recordó que “los días de partido la empresa nos tira un desvío para evitar la zona”.

Trato humano

Los internos alojados en las comisarías recibían atención médica del personal del Sies, en el caso de la séptima, la Dra. Andrea Altamirano junto a otros profesionales «participaba de los dispositivos itinerantes y hacíamos los controles de salud a los pacientes que se encontraban alojados en las comisarías».

Las visitas se realizaban «dos veces por semana generalmente», y aclaró que «íbamos a varias comisarías y no tenemos pacientes fijos».

Una muestra más del trato que recibían los internos que se encontraban alojados en la comisaría séptima.

El caso

Franco Casco llegó el 29 de septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, cuando su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.

Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgados por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cinco años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.

Son juzgados por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Álvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabeth Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.

César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha y Esteban Silva como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte del joven.

En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Belkis Elisabeth González, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.

Además, los agentes de Asuntos Internos Pablo Síscaro y Daniel Escobar fueron acusados de encubrimiento.