Por Alejandra Ojeda Garnero
A paso lento, pero firme continúa el debate por la muerte de Franco Casco, en el que 19 policías están siendo juzgados por desaparición forzada seguida de muerte y torturas, con diferentes grados de participación; y algunos de ellos enfrentan una posible pena de prisión perpetua. La mayoría de ellos se encuentran cumpliendo prisión preventiva desde hace casi cinco años, cuatro de ellos en penales federales.
La causa de muerte de Franco Casco fue a lo largo de la investigación motivo de controversias. Mientras la parte acusatoria sostenía que no murió ahogado, los abogados defensores afirmaban lo contrario. La teoría acusatoria se plantó en la idea de que fue torturado en la comisaría séptima una vez detenido y luego arrojado al río sin vida. En tanto, los acusados sostuvieron siempre su inocencia, al asegurar, como ya se ventiló en otras audiencias, que el joven salió vivo de la comisaría, e incluso hay videos lo muestran caminado por la ciudad la madrugada del 8 de octubre de 2014, luego de abandonar la dependencia policial.
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Las diferentes posturas de las partes de este caso se fueron saldando con evidencia científica a lo largo del debate, que lleva catorce extensas jornadas ante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez.
Para determinar si una persona murió ahogada se realiza un estudio de diatomeas. Pero no en todos los casos se puede arribar a un resultado positivo, pero existen otros indicadores para determinar la asfixia por sumersión, como se detalló en el informe de autopsia que consta en el expediente, y explicó el médico forense Raúl Rodríguez en otra audiencia de este juicio.
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La bióloga Nora Irene Maidana, fue la encargada de realizar el estudio de diatomeas con las muestras de médula ósea tomadas del cuerpo de Franco Casco y compararlas con las del lugar del hallazgo para confirmar o no si el joven murió ahogado.
La especialista, que cuenta con una abultada trayectoria y formación en la materia, licenciada y doctora en Ciencias biológicas por la UBA, e investigadora del Conicet, con más de treinta años de experiencia trabajando con microalgas y específicamente en la búsqueda de diatomeas, explicó detalladamente el procedimiento que se debe realizar para hallar las células buscadas. También explicó por qué en el caso de Franco Casco no se pudo determinar la existencia de las mismas.
Si bien es un dato netamente técnico, es el único que echa luz sobre las controversias planteadas sobre el ahogamiento de Franco Casco y las especulaciones que surgieron en torno a este punto. Se trata del estudio de fitoplancton en muestras de agua y médula ósea.
Maidana explicó que recibió las muestras de médula ósea de Franco Casco, pero eran insuficientes para realizar dicho estudio. En el informe detalló que recibió 0,5 gramos de médula ósea, cuando el mínimo necesario para realizar el estudio es de 10 gramos. También recibió dos muestras de agua del lugar del hallazgo del cuerpo, de 200 mililitros cada uno, para realizar la comparación.
La bióloga ratificó el informe que realizó el 20 de febrero de 2015 y que se encuentra en el expediente. En el mismo indicó que analizó las muestras de agua para determinar qué tipo de diatomeas se encontraban presentes, para luego compararlas con las de la médula ósea de Franco Casco.
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Pero, al momento de procesar la muestra, a través de los procedimientos y metodologías habituales, detectó “escasa cantidad de médula ósea remitida para su análisis”, y concluyó que “los resultados obtenidos difícilmente permitan llegar a conclusiones definitivas”.
Vale recordar que la muestra de médula ósea fue tomada por el médico Víctor Moglia, en ese momento perito de parte por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), en ese entonces dirigido por Gabriel Ganon, quien aseguraba que este caso debía ser investigado por el fuero federal por tratarse de una desaparición forzada, en un claro pronunciamiento a favor de la víctima, incompatible con su función.
El SPPDP es una institución que brinda servicios gratuitos de defensa penal a toda persona acusada de haber cometido un delito; y no así a las víctimas, para lo cual existen otros mecanismos del Estado. En este caso no queda claro por qué quien presidía ese organismo era parte de este proceso.
Volviendo al estudio de diatomeas, Maidana explicó el procedimiento: “Normalmente se recibe la muestra tanto de tejido cadavérico como las muestras ambientales, que normalmente es agua y sedimentos, es decir barro del lugar donde se encontró el cuerpo”.
La bióloga indicó que “en el laboratorio cada tipo de muestra recibe un procesamiento diferente, porque las muestras de tejido medular tienen mucha grasa y restos de huesos; y las muestras ambientales tienen las células vivas y lo que se busca son las cubiertas de estas células”.
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“En el caso de las diatomeas, las cubiertas tienen los caracteres que necesitamos ver para poder identificarlos, para después poder comparar con lo que encontramos en el agua y en el barro”, señaló.
En tanto, “las muestras de agua se miran sin procesar para ver qué estaba vivo en el momento de la toma de muestra”.
Luego se realizan una serie de preparados y se observa a través de un microscopio tratando de ver si aparecen restos o fragmentos de cubiertas celulares. “Normalmente se encuentran pedazos y no cubiertas enteras”. Pero en este caso, indicó Maidana, “no encontré nada. No había ni siquiera mínimos fragmentos de cubiertas celulares”.
Sobre el resultado obtenido en el estudio Maidana explicó que en su función “como perito debo informar que encuentro y que no encuentro; y comparar lo encontrado en las distintas muestras”, en este caso aclaró que “me llegó una muestra sumamente reducida, menos de medio gramo de médula ósea”. Además, agregó que “los estándares internacionales en este tipo de peritaje establecen que para considerar este test como positivo, hay que encontrar un mínimo de diez o veinte fragmentos de microalgas por cada diez gramos de médula”.
Entonces, continuó la especialista, “si hubiese encontrado un resto, ni siquiera podría decir que era una contaminación. Por lo menos se tiene que poder analizar un mínimo de un gramo para poder extrapolar lo que uno encuentra”.
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La extrapolación es un calculo matemático, pero en este caso, al ser tan escasa la muestra “hacer esa extrapolación sería una falsedad”. “Lo mínimo que se requiere es un gramo de médula o tres gramos, aunque lo ideal sería diez gramos”. Pero en menos de diez gramos, “cualquier extrapolación, tanto de presencia como de ausencia, sería falsa”, aseguró la bióloga.
En este sentido, queda una pregunta flotando en el aire y que ya nadie podrá responder porque el médico Víctor Moglia, quien extrajo la muestra de médula ósea de Franco Casco, falleció. El médico designado por el Defensor general Gabriel Ganon ¿desconocía que la cantidad mínima para realizar el estudio de diatomeas es de diez gramos?
Ante la consulta del fiscal sobre la posibilidad de realizar el estudio con otro tipo de muestra, dijo que “lo ideal sería haber podido analizar la sangre contenida en el corazón” y explicó por qué se buscan diatomeas en un presunto ahogado: “se supone que cuando la persona se está ahogando, durante el reflejo respiratorio hace una inspiración profunda por boca y nariz y entra agua, con todo lo que está flotando en ella, a los pulmones; el corazón manda sangre a los pulmones. Cuando el agua entra en contacto con el torrente sanguíneo se mezcla y luego esa sangre vuelve al corazón y allí se distribuye a todo el cuerpo”.
Las diatomeas se buscan en la médula “porque la médula no se pudre, no hay una gran descomposición como en el resto de los tejidos blandos”. Y aclaró que “aún de pasado bastante tiempo de producida la muerte podría ir a buscar a la médula y encontrar, pero lo ideal es buscar primero en el corazón que es el primer lugar donde va esa sangre”, concluyó.
El caso
Franco Casco llegó en septiembre de 2014 a visitar a familiares en Empalme Graneros, el 6 de octubre del mismo año, y a pocos días de haber llegado de Florencio Varela, su ciudad natal, abandonó la vivienda y su familia no tuvo novedades sobre su paradero hasta que el 30 de octubre, 22 días después, su cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná.
Un total de 19 policías, que desde un principio sostienen su inocencia, están siendo juzgado por los delitos de desaparición forzada seguida de muerte y torturas, por lo que enfrentan una posible pena de prisión perpetua. Cinco de ellos están detenidos desde hace más de cuatro años en prisión preventiva efectiva, en penales federales.
Son juzgados 19 policías por los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, imposición de torturas seguida de muerte a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, entre los cuales se encuentran el ex jefe de la seccional 7ª Diego Alvarez, junto a los efectivos Cecilia Ruth Elisabet Contino, Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco, en calidad de autores.
Por su parte, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Alberto Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha serán sometidos a proceso como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En el caso de Franco Luciano Zorzoli, Rodolfo Jesús Murúa, Romina Anahí Díaz, Elisabeth González Belkis, Walter Daniel Ortiz y Ramón José Juárez, son acusados como partícipes secundarios.
