Este martes, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Santa Fe decidió suspender provisionalmente al juez de Sentencia en lo Penal de los Tribunales de Vera, Nicolás Muse Chemes y promover un jury de enjuiciamiento en su contra a causa de las denuncias que pesan en su contra. El Tribunal le negó, además, la posibilidad de renunciar y jubilarse, tal como lo había solicitado en agosto.
Denuncias
El nombre de Muse Chemes saltó a la prensa a partir de algunos fallos que le valieron el repudio de las víctimas de los crímenes y de buena parte de la sociedad.
En el año 2011 intervino en el caso de una joven de 19 años que había denunciado a su padre por abusar sexualmente de ella y sus hermanas durante años. El magistrado absolvió al acusado dejándolo libre e ignorando las contundentes evidencias y pruebas acumuladas en la causa. La joven debió abandonar su ciudad natal y mudarse a Rosario.
El «caso CER», como se lo conoció, fue llevado a las Naciones Unidas por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar). La ONU entendió que el hombre había sido absuelto en base a “concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima y la valoración de la prueba aportada, analizada a través de una mirada justificativa de actitudes violentas”.
A causa de ese fallo, el Estado provincial tuvo que pedir disculpas públicas en un acto de reparación histórica, que se realizó el pasado 24 de agosto. El gobernador Miguel Lifschitz se comprometió, quien encabezó dicho acto pidió disculpas públicamente y se comprometió a brindarle a la joven una vivienda y un empleo a modo de reparación.
Otro de los casos por el cual el magistrado fue denunciado es la causa «Bibi Sánchez». Se trata de un fallo de febrero de 2016, en el cual absolvió a nueve personas, una mujer y ocho hombres acusadas de promover la prostitución infantil en fiestas organizadas en la casa de una ex empleada judicial de Vera, Nilda Emilia Clementina Sánchez, conocida como “Bibi”. Dicho fallo fue revertido en 2017 por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, que condenó a todos los acusados.
Jury de enjuiciamiento
El pasado 23 de agosto, el juez Nicolás Muse Chemes había presentado la renuncia a su cargo como juez de Sentencia ante la Corte Suprema de Santa Fe para acogerse a los beneficios de la jubilación.
Dos semanas después, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, rechazaron mediante decreto dicha renuncia ya que, según figura en el mismo “si se aceptase la renuncia, el proceso de enjuiciamiento que se le sigue al doctor podría quedar extinto”.
El decreto señala también que “resulta manifiesto el interés público en que se determinen las responsabilidades en quienes ejercen cargos y funciones de alta trascendencia republicana, lo cual amerita el agotamiento de todas las instancias disciplinarias a la que se encuentran sujetos, de manera tal que la realización y culminación de esas instancias contribuyan a fortalecer la confianza pública en el sistema. Como consecuencia de ello y con el objeto de no entorpecer el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en su tan importante labor, debe rechazarse la renuncia presentada por el magistrado”.
Este martes el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender provisionalmente al magistrado, que no podrá jubilarse hasta tanto no sea sometido al Jury, que estará conformado por presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, por los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y la María Angélica Gastaldi, por el senador Armando Traferri (PJ-departamento San Lorenzo), por el diputado Santiago Mascheroni (UCR-ciudad de Santa Fe) y por los abogados del Colegio de la Segunda y Quinta Circunscripción, María Antonia Belluccia y Héctor Ferrero.
La denuncia fue presentada por Jorge Baraguirre, procurador general de la Corte Suprema, a instancias de varios diputados.
Barraguirre, encuadró sus conductas en el artículo 7 incisos 1 y 2 de la ley 7050 y sus modificatorias leyes 11.115 y 12.949, referida al “enjuiciamiento de Jueces”. En cuanto a las causas de remoción, el procurado apuntó “ignorancia manifiesta del Derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” e “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.
La diputada Alicia Gutierrez, acompañada por Luis Rubeo, Inés Bertero Verónica Benas, Silvia Augsburguer y Jorge Henn impulsaron el proceso judicial a raíz de los reiterados fallos sexistas ecidenciados en “los numerosos casos en los que el juez de Vera absolvió a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas, minimizando las pruebas y evidencias contra los imputados y, sobre todo, responsabilizando a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales”.
