La diputada por el Frente para la Victoria y exministra de Defensa Nilda Garré consideró hoy como “una insensatez” el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales porque, según sostuvo, “contribuye a incrementar la violencia” que ya existe en el país.

“Es terrible, una insensatez, una audacia inconcebible y que implica desconocer la legislación vigente. La ministra (de Seguridad Patricia) Bullrich con esta resolución autoriza a matar por la espalda, a matar a una persona que huye”, manifestó Garre.

“Hay mucho arrebato, robo de celulares, motochorros que arrancan carteras, pero no es necesario que se los mate. Eso agrega más violencia a la violencia que ya tenemos”, añadió.

Garre consideró que la aplicación del nuevo protocolo establecido por la ministra Bullrich coloca a los agentes policiales en un “gravísimo riesgo” debido a que los jueces podrán procesarlos por exceso en el uso de la fuerza.

“Los policías saben que pueden ser condenados si ejercen este permiso que les da la ministra. Saben que están actuando contra la ley”, señaló.

“Saben que cuando los militares los manipularon para exterminar subversivos, muchos después terminaron pagando esos delitos de lesa humanidad. Con penas de prisión, juzgados por tribunales legales, pero fueron condenados”, agregó.

El Gobierno oficializó a principios de semana el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de la fuerzas federales de seguridad que entre otras cosas permite que la policía dispare contra personas que huyen.

La resolución 956/2018 fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deroga toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.

La medida tiene jurisdicción para la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria Mónica Macha, quien presentó un proyecto de ley en contra del nuevo reglamento y solicitó su anulación, aseguró que “de todos modos, no estaría tan claro que no se pueda implementar”.

“Es un despropósito en términos constitucionalistas, además de lo que podemos pensar políticamente, y el riesgo que significa para la población. Presentamos el proyecto y pedimos que se anule esa resolución”, indicó.

“Lo que hicimos es tomar parte de los artículos que hoy tiene el protocolo de la ONU y llevarlos a un proyecto de ley con todos los puntos en que adhiere Argentina a distintos protocolos internacionales”, añadió.

Macha señaló que la situación es muy complicada en términos sociales porque no se generó un repudio masivo a la resolución, y lo consideró como “muy preocupante”.

“No genera la necesidad de salir a repudiar, pero es como una pena de muerte encubierta porque por robar un bien material esa persona pierde la vida sin ningún tipo de resguardo para su proceso judicial”, puntualizó.