La Justicia Federal ordenó la detención de la mujer que se casó violando la prisión domiciliaria

El triple crimen de Ibarlucea abrió un sinfín de interrogantes y cuestionamientos en cuanto a ciertas decisiones judiciales. Poco después de conocerse los horrorosos detalles sobre a forma en que fueron ultimadas las víctimas, emboscados a la salida de una lujosa fiesta de casamiento que se celebró en el salón Campos de Ibarlucea, trascendió que los flamantes cónyuges tenían serios problemas con la Justicia, la novia estaba con prisión domiciliaria y el novio había sido beneficiado con la excarcelación en una causa por tráfico de estupefacientes. Ambos estaban relacionados con una conocida banda de la ciudad de Rosario, la de Olga «Tata» Medina y algunos trascendidos acusaron a varios invitados de estar relacionados con la banda que sigue siendo un sello de la ciudad: Los Monos.

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En los primeros pasos de la investigación, surgieron algunos datos que volvieron a poner la mira sobre cierta decisiones judiciales y su aplicación. Uno de ellos fue la situación judicial de los novios. La novia, Brisa Leguizamón Ferreyra y su pareja, Esteban Enrique Rocha fueron formalmente acusados por el juez federal Carlos Vera Barros por «integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes” dentro de una estructura que funcionaría al menos desde abril de 2016 con especial influencia en el barrio La Cerámica, La Florida y Parque Casas».

En el marco de esa causa es que Leguizamón obtuvo la posibilidad de la prisión domiciliaria por tener dos niños de muy corta edad a su cuidado. Debía cumplir la misma en la finca ubicada en calle Rueda al 200 Bis, al sur de la ciudad. Es por eso que, en las últimas horas, el juez federal Claudio Kishimoto requirió una orden de detención para la novia por el «desprecio hacia las órdenes judiciales» y se solicitó a la Gendarmería Nacional que se proceda a su detención.

En tanto, para su marido, se emitió una citación a los Tribunales Federales para notificarse de su «situación procesal». Cabe recordar que Esteban Enrique Rocha había sido puesto tras las rejas por orden de la Cámara Federal de Rosario, que había determinado la prisión preventiva. Pero, en abril de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires revocó esa decisión y le otorgó la excarcelación. “El imputado no registra antecedentes penales y realiza trabajos de electromecánica y refrigeración a domicilio”, sostuvo el falló de la cámara porteña integrada por Mariano Hernán Borinsky, Angela Ester Ledesma y Carlos Javier Carbajo, quienes concluyeron que “la gravedad de los hechos no es un parámetro suficiente para denegar la excarcelación”.