El pasado 26 de noviembre personal del Organismo de Investigaciones allanó oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario. 

 

Por Florencia Vizzi 

Nadia Schujman no necesita presentación. Más allá de su histórica militancia en Hijos Rosario, desde el año 2003 ha sido querellante en la mayoría de los juicios de Lesa Humanidad que se llevaron adelante en los Tribunales Federales de Rosario y  también se desempeñó como subsecretaria de Derechos Humanos de Santa Fe. Con esa indiscutible trayectoria, desde su lugar como Ministro de Seguridad, Marcelo Saín la convocó a un cargo que hubiera podido calificarse como impensado para ella: titular de la Agencia de Control Policial.

En entrevista con este medio, Schujman remarcó que hubo una  decisión cierta del ahora ex ministro de Seguridad de ir a fondo contra una institución policial absolutamente comprometida con incontables hechos delictivos y aseguró que ese es el trabajo que desempeñó a conciencia desde que ocupó ese lugar. Y también aseguró que cree que las investigaciones impulsadas por la cartera de Saín y desde la Agencia de Control son el principal motivo del «lawfare» del que son víctimas, el cual sólo es posible con el aval de un cierto sector político.

La ahora ex funcionaria apuntó, en primera instancia, la gravedad de la causa que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, bajo la supervisión del fiscal regional, Carlos Arietti, declarado enemigo de Marcelo Saín quien, más de una vez, señaló sus negligencias, conscientes o inconscientes, en la investigación del crimen del empresario  Hugo Oldani.

«Era un lugar muy importante el lugar que se le dio en el Ministerio de Seguridad, durante la gestión Sain, al control de la gestión policial, porque Marcelo siempre planteó, no ahora, sino siempre, basta ir a cualquiera de sus tantos libros, que en el crimen complejo siempre hay una pata policial, porque es imposible hacer determinadas cosas sin la protección policial», rememoró Schujman.

En ese sentido remarcó que, desde el primer momento que asumió en esas oficinas, antes denominada Asuntos Internos, a las que encontró en un «estado paupérrimo», puso su mejor esfuerzo, tanto ella como sus compañeros «para tratar de cortar con la impunidad y tratar de transformar la Agencia de Control Policial». Y recordó además que, con su trabajo, puso en evidencia «algunas cosas de la gestión anterior que no gustaron para nada».

Una de esas denuncias es la que involucra al ex ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro y algunos altos funcionarios por el pago de honorarios con fondos reservados a los abogados defensores de los policías acusados de la desaparición y muerte de Franco Casco. «Todos lo sabían y nadie lo investigaba», señaló Schujman.

Nadia Schujman.

Este podría ser uno de los puntos claves que echen luz al trasfondo de de una investigación que se revela viciada de graves irregularidades, como allanamientos sin órdenes judiciales y sin testigos civiles, tal cual lo determina la ley. Tal como señaló reiteradamente la ahora investigada ex funcionaria, «nunca hubo tantos altos jefes policiales investigados y tantos policías presos».

En relación a ello, y consultada por este medio sobre si, según su opinión, era posible que los fiscales Hernández y Herrera se hubieran lanzado a este tipo de accionar, que raya con la ilegalidad, sin un fuerte aval político, Schujman fue contundente: «No, seguro que no. Yo creo que están bastante claros y sobre la mesa los armados y entramados que hay detrás de esta investigación».

Testigos ¿para qué?

Entre el espinoso accionar de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que llevan adelante la investigación por «espionaje ilegal», se cuenta la expresa orden, de la que dan cuenta las actas de los procedimientos, de la fiscal Jiménez de que se realicen sin testigos. Cuando la orden se convirtió en escándalo público, el propio MPA habría enviado una justificación, un mensaje informal, a algunos medios de comunicación en el que ensayan una explicación que, a todas luces, oscurece más de lo que aclara. «Las medidas que se practicaron fueron con la presencia de testigos. La orden fue que oficien de testigos los mismos empleados que se encontraban presentes en las oficinas públicas». (cita textual nota Rosario Plus 15/12/21)

Desde el vamos está claro que, de ser cierto dicho comunicado, la cosa va de mal en peor. Las personas allanadas no pueden ser testigos de su propio allanamiento y los testigos siempre deben ser ajenos a la repartición o lugar donde se realice el procedimiento.

Tal como confirmó a este medio el abogado defensor de Schujman, Juan Lewis, con diferencias de redacción, todas las actas de los diligenciamientos realizados ese día, dan cuenta de la orden expresa de realizar los procedimientos sin testigos.

Al respecto, la ex titular de la ACP remarcó que se trata de un hecho «gravísimo». «Da cuenta de la ilegalidad del acto, del apuro se lanzaron a hacer algo que, deliberadamente busca evitar una orden judicial y la intervención de un juez. Y seguimos así,  sin que nadie pueda controlar a estos fiscales que cometen una irregularidad tras otra que se llevan adelante desde el MPA de Santa Fe y que, obviamente no hace más que sumarme desconfianza e intranquilidad, porque parece que estoy a merced de gente dispuesta a no respetar en nada la ley. Y, por ahora, no hay un juez que le ponga coto a todo esto».

Desprotección ante la ley

Si bien Schujman asegura que, tarde o temprano, la causa va a llegar frente a un juez que «ponga límites a tanto atropello», no puede escapar a una sensación de «total desprotección».

«Se me se han avasallado todos mis derechos, mi intimidad… me revisaron la cartera, me quitaron el teléfono personal,  todo en el marco de una ilegalidad absoluta. Me hicieron ir a las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal,  que es un lugar que yo había ido a allanar, para notificarme de todos los delitos que, en algún momento, dicen que me van a imputar, y todo esto sin haberme mostrado  ni una sola prueba. Porque aunque en los medios salieron a hablar de miles de carpetas, a las dos horas de que empezaron los allanamientos, resulta que no había ni una sola carpeta.

En este punto, Schujman remarca que lo más grave es que los fiscales siguen tomando medidas y avanzando en la investigación cuando se presentó un pedido formal de apartamiento por violación al principio de objetividad. » No solo no resolvieron nada en relación a eso, sino que siguen actuando como si esa presentación no existiera».

«Si realmente hay tantos elementos en la investigación como Baclini (Jorge Baclini, fiscal general de Santa Fe) dice por ahí, y como afirman en un comunicado en los medios, ¿qué problema habría que le pasen esto a otro fiscal, de otra jurisdicción, que no esté tan teñido de subjetividad? Sin embargo no lo resuelven y siguen avanzando».

Sin embargo, la ex funcionaria, que dice estar totalmente segura de que estos fiscales «fueron a la pesca y piensan seguir avanzando sin dar vuelta atrás», se muestra segura de que, «tarde o temprano, esto lo va a ver un juez, esto lo va a ver una Cámara, y muchas de estas cosas las vamos a poder discutir desde otro lugar».

Y, con cierta mirada esperanzadora,  agrega: «Se que ahora no tengo ninguna garantía de objetividad, dada la parcialidad que han demostrado, y los comunicados que envían sin ninguna firma para luego desdecirse, pero yo llevo 20 años batallando en los Tribunales Federales con los juicios de Lesa Humanidad y he aprendido  que el tiempo pone las cosas en perspectiva, y la verdad sale a la luz tarde o temprano».

Sobre el fin de la entrevista, Nadia Schujman insiste en que, a la larga, cada uno sabe quien es y qué hizo en la vida, y las cosas terminan por ponerse en su lugar. «A lo mejor soy una ingenua, pero esos son mis valores, yo estoy muy tranquila y tengo la conciencia muy tranquila, porque se quien soy. Y todo el respaldo que he recibido, que realmente me ha dado mucha fuerza y me conmueve mucho, tiene que ver con esto, con que mucha gente me conoce hace muchos años y sabe cual ha sido mi trayectoria, mis valores y las cosas de las que soy capaz y de las que no soy capaz. Hay límites que yo nunca cruzaría, yo jamás escucharía ilegalmente a una persona, yo jamás mandaría a seguir ilegalmente a una persona. Todo lo que yo hice fue en el marco de de la ley».