El Gobierno de la provincia de Entre Ríos solicitó la revocación de la prisión domiciliaria y de la matrícula del médico Hugo Moyano, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Moyano fue condenado a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer su profesión por ser considerado coautor del delito de imposición de severidades, vejaciones, tormentos y apremios ilegales a unas siete víctimas, en el marco de la causa denominada Área Paraná.

Si bien cumplió la totalidad de esa pena, Moyano carga con prisión preventiva en otra causa, llamada Área Paraná II, imputado por privación ilegal de la libertad agravada y torturas, que cumple en su domicilio debido a la pandemia por el coronavirus.

“Debe estar preso”

El Registro Único de la Verdad (RUV) del Ministerio de Gobierno de la provincia indicó que Moyano «no puede ejercer la medicina por su inhabilitación y debe estar preso» y pidió al Juzgado Federal de Paraná que «se revoque la prisión domiciliaria y sea inmediatamente trasladado a la Unidad Penal 1».

A través del RUV, se detectó que Moyano seguía utilizando una matrícula y ejercía su profesión desde su domicilio.

Por eso, se solicitó a los órganos de control del Ministerio de Salud de Entre Ríos la revocación de su matrícula para hacer «efectiva la inhabilitación perpetua dictada» en la causa Área Paraná.

El titular del RUV, Marcelo Boeykens, remarcó que Moyano «puede abrir un cervecería, pero no trabajar de médico habiendo utilizado esa digna profesión al servicio de la maquinaria del terrorismo de Estado y no para velar por la salud y la vida de personas».

En sus redes sociales, el funcionario señaló que Moyano «ha violado sistemáticamente» la prisión domiciliaria «yendo al Ministerio de Salud, Policía y el Círculo Médico», entre otros lugares.

Contradicción

«Pero lo más grave es que ejerce la profesión de médico en su consultorio privado habiendo desaparecido toda dolencia que le llevó a obtener el beneficio» de la prisión domiciliaria, agregó.

Moyano fue condenado en la causa Área Paraná por ser partícipe de sesiones de tortura con la función de controlar si los prisioneros se descompensaban y «aplicó toda clase de tormentos a cuatro víctimas», según el fallo condenatorio.

La causa investigó delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas, incluidas las desapariciones y homicidios de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna.

La causa iniciada en 1983 tuvo 21 imputados pero, por el paso del tiempo sin llegar a juicio, la mayoría de ellos murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.