Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra informaron el pasado viernes las cargos y las penas que solicitan para cuatro hombres -algunos de ellos integrantes de la banda delictiva “Los Monos”- acusados de intervenir en el homicidio de Enrique José Ensino, un hombre de 64 años que fue asesinado el 11 de enero de 2020 en el casino City Center de Rosario.

El crimen ocurrió cerca de las 22.30, en la zona de Moreno al 6.400, cuando se efectuaron seis disparos contra el sector externo que el casino habilita para los fumadores. Allí se encontraba Ensino, quien fue alcanzado por una bala que impactó en su cabeza y falleció a causa de las heridas sufridas.

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A entender de la Justicia, los disparos se realizaron desde una “ubicación estratégicamente escogida” y “con conocimiento de que en el lugar se encontraban diferentes personas”.

Tras meses de investigación, se determinó que la víctima no tenía relación alguna con bandas delictivas, sino que tuvo la mala suerte de encontrarse en el espacio de fumadores al momento del ataque.

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En esta línea, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada indicaron que el tiroteo contra el City Center fue ordenado desde la cárcel por el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero -quien actualmente se encuentro preso- y ejecutado por otros tres hombres.

Tras la investigación realizada, Edery y Schiappa Pietra imputaron a “Guille” Cantero (de 33 años), Maximiliano “Cachete” Díaz (33), Otniel “Dominicano” De León Almonte (33) y Carlos “Toro” Escobar (34), a quienes les adjudicaron diferentes roles dentro del homicidio.

A Cantero se lo acusó por ordenar a “Cachete” Díaz el ataque contra el casino. Para indicarle los detalles de la balacera, el líder de “Los Monos” -que se encontraba en la cárcel- mantuvo conversaciones con Díaz el 7 y el 11 de enero del año pasado, donde le aclaró que el motivo de esta agresión era amedrentar a personas relacionadas al City Center Rosario para obtener de dinero de ellos.

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Asimismo, a Maximiliano “Cachete” Díaz se lo acusó de planear el ataque y de contactar a las personas que se encargarían de llevarlo a cabo, proveyéndolas de armas y vehículos.

Según la investigación, fue Otniel De León Almonte quien, a bordo de una motocicleta y portando un arma de fuego -ambos elementos entregados por “Cachete” Díaz-, efectuó los disparos contra el casino, convirtiéndose en el sicario que ejecutó el ataque.

El último acusado es Carlos “Toro” Escobar, a quien se le adjudicó haber tenido conversaciones con Díaz para acordar la forma en que se cometería el hecho, qué vehículos se usarían y quiénes llevarían adelante el ataque.

Acusaciones y pedidos de condena

Por lo expuesto, los fiscales pidieron 22 años de prisión para “Guille” Cantero, a quien consideraron culpable de instigar un homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real, con el delito de extorsión en grado de tentativa

Para “Toro” Escobar solicitaron 20 años de prisión efectiva, al acusarlo de ser partícipe primario en el homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real, con el delito de extorsión en grado de tentativa.

Sobre Otniel De León Almonte recayó un pedido de 18 años de prisión efectiva, al acusarlo de coautor de homicidio agravado por uso de arma de fuego, con portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Finalmente, para “Cachete” Díaz pidieron 16 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de homicidio agravado por uso de arma de fuego, con portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

Después del homicidio: juego clandestino, fiscales detenidos y senador en la mira

Al investigar el homicidio de Ensina, los fiscales notaron que “Cachete” Díaz tenía habituales conversaciones telefónicas con personas que integraban una red de juego clandestino, la cual era dirigida por el empresario Leonardo Peiti, quien meses atrás fue condenado a 3 años de prisión efectiva por este delito.

Sin embargo, al desenredar esta asociación ilícita, se comprobó que el fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empleado del Ministerio Público de la Acusación, Nelson Ugolini, también estaban involucrados en esta red y pedían a Peiti sumas de dinero a cambio de darle protección jurídica.

También quedó en la mira el senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, a quien se acusó de integrar y proteger políticamente esta red de juego clandestino. Sin embargo, el Senado de Santa Fe se opuso a que el legislador pierda sus fueros y sea investigado por los fiscales.