Por Alejandra Ojeda Garnero

«La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes»

Martin Luther King

Un nuevo pedido de prórroga de prisión preventiva sumado a la espera del inicio del juicio con fecha prevista para el próximo 6 de diciembre motivó una nutrida movilización de familiares de los policías procesados en la causa Franco Casco, para pedir su «inmediata libertad» y que se «respeten las garantías constitucionales».

Desde el 4 de septiembre de 2017, el ex comisario Diego Álvarez, junto a Walter Benítez, César Acosta y Esteban Silva permanecen detenidos en el penal federal de Marcos Paz; Enrique Gianola Rocha se encuentra en la dependencia local de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), mientras que Cecilia Contino, Guillermo Gysell, Marcelo Guerrero y Fernando Blanco cumplen la medida cautelar en sus domicilios.

El vencimiento de todos los plazos legales para mantener la medida cautelar motivó a los ex policías que se desempeñaban en la seccional 7º, donde estuvo detenido Franco Casco antes de su muerte, a expresarse sobre lo ocurrido durante la detención de Franco Casco, la participación de cada uno de ellos en dicho procedimiento y las funciones que desempeñaban en la dependencia policial.

En una entrevista exclusiva con Iter criminis, los protagonistas de esta historia sostienen su «inocencia» y piden el «cese de la prisión preventiva», que se extendió por cuatro años, «violando todas las garantías constitucionales». Cecilia Contino, Guillermo Gysell, Marcelo Guerrero y Fernando Blanco, contaron desde sus domicilios donde cumplen la medida cautelar cómo cambiaron sus vidas, para cada uno de ellos y sus familias, a partir de esta causa. Por su parte, Diego Álvarez, Walter Benítez y Cesar Acosta participaron vía telefónica desde el penal de Marcos Paz.

Finalizada esta entrevista se conoció la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que accedió al pedido del fiscal de la causa Oscar Arrigo, y prorrogó por seis meses la prisión preventiva de todos los procesados y en las mismas condiciones. Los argumentos para dicha decisión fueron los mismos que en las resoluciones anteriores, es decir que los imputados «al ser personal de la fuerza de seguridad, cuentan con mayores recursos para desbaratar elementos probatorios»; y la existencia de riesgos procesales tales como «riesgo de fuga», «entorpecimiento de la investigación» y «los tipos penales en que encuadran las conductas atribuidas a los nombrados prevén una pena de prisión» efectiva.

Cabe señalar que la investigación del caso se llevó adelante desde el momento de la desaparición de Franco Casco , en el transcurso de tres años en los que todos los efectivos imputados en esta causa mantuvieron su estado de libertad y continuaron desempañándose en sus lugares habituales de trabajo, hasta septiembre del 2017 momento en el cual fueron requeridos por la justicia, se presentaron voluntariamente y allí fueron detenidos.

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