Este lunes se conoció el fallo de la Justicia a favor de las cuatro mujeres que presentaron una acción de amparo contra la empresa Movi Rosario SAU por discriminación por género. En el mismo la jueza Paula Calace Vigo ordenó la inmediata incorporación de las trabajadoras de las cuatro demandantes y un resarcimiento económico para cada una de ellos. Ahora, otras tres mujeres, que formaron parte del aquel plantel original que cubrió vacantes en la empresa en el verano de 2018 tomarán el mismo camino a fin de que se les reconozca su derecho a trabajar en la empresa.

Romina Perea, representante legal que lleva adelante los casos, explicó a Conclusión que ese verano de 20172018 «cuando se anunció a todos los medios la incorporación de las mujeres los colectivos» fueron siete las que conformaron el grupo que cubrió las vacantes por vacaciones. Las que presentan esta nueva acción de amparo son las tres chicas restantes que no participaron de la primera acción judicial.

La letrada recordó que «en julio de 2017 el Concejo Municipal emitió un decreto a partir del reclamo de estas mujeres que, aún habiendo una ordenanza del año 2006, no las llamaron para cubrir puestos» en planta permanente. «Eso salió en todos los medios y se anunció públicamente que estas mujeres iban a empezar a trabajar en los colectivos, lo que, como todos sabemos, nunca se cumplió».

Apelación y repudio

Luego de que el fallo favorable se hizo público, también se habló de una posible apelación por parte de la Municipalidad de Rosario. En ese sentido, Perea fue categórica al expresar su repudio a lo que sería «una actitud totalmente contradictoria de un Estado que, por un lado, sostiene un discurso progresista y de políticas de género pero que, por otro lado, hubo que hacerle un juicio para que estas mujeres ingresen a planta permanente». «Y, no conformes con eso, les seguirían obstaculizando la oportunidad de acceder al trabajo con una apelación», agregó con énfasis la abogada.

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«Están en su derecho de hacerlo, pero mostraría una clara voluntad política de no resolver el tema, de no aceptar que las mujeres entren a conducir colectivos. Sería inexplicable», subrayó la abogada. «Pero -agregó- también me resulta inexplicable que estas mujeres tengan que hacer un juicio para ingresar a trabajar habiendo mostrado idoneidad y estando fuera de discusión sus capacidades para manejar los colectivos».

Además Perea señaló que con la posible apelación el Estado no hace más que persistir en una actitud de «flagrante violación a todas las normas laborales, antidiscriminatorias y a la propia Constitución Nacional y al Pacto Internacional de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer». Y remarcó: «resultaría de una hipocresía absoluta de seguir tratando de dar una imagen supuestamente progresista de la boca para afuera y en los hechos hacer todo lo contrario y continuar con una conducta claramente discriminatoria»