El destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de formar parte de un entramado ilícito dedicado al juego clandestino, fue puesto en libertad condicional este martes por la tarde tras la firma y homologación de un juicio abreviado que se concretó el pasado 7 de septiembre.
«Queda en libertad por audiencia de ejecución, porque cumplió la porción de la pena que le corresponde a los 3 años de pena que en realidad eran 6 y se redujeron a la mitad por ser imputado colaborador«, expresaron fuentes judiciales a Conclusión.
En el acuerdo homologado por la jueza María Isabel Mas Varela, Ponce Asahad fue sentenciado a 6 años de prisión efectiva por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y ser miembro de una asociación ilícita. Por su carácter de imputado colaborador, dicha pena se redujo a 3 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer un cargo público.
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El ex fiscal deberá residir en el domicilio propuesto y constatado; el que sólo podrá ser modificado previa autorización del Tribunal de Ejecución Penal; desempeñar un trabajo u oficio y presentarse de forma bimestral en la Dirección Provincial del Patronato de Liberados de Rosario.
Además, no podrá tener contacto por ningún medio con el resto de los imputados en la causa. Por último, en caso de constatarse la comisión de algún delito se revocará la libertad condicional.
El ex funcionario había sido detenido en julio de 2020 y, por el tiempo que lleva en esas condiciones, sus abogados defensores solicitaron que el resto de la condena se cumpla en forma condicional, lo que fue concedido esta tarde por la jueza Eleonora Verón.
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Según detallaron las fuentes, la homologación del juicio abreviado se aceptó por las partes con la figura del imputado colaborador, que reduce la condena a 3 años de prisión efectiva.
Por el tiempo transcurrido del imputado detenido, la defensa solicitó en audiencia de ejecución que se le otorgue la libertad y cumpla en dicha condición el resto de la pena impuesta.
LA CAUSA
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron haber conformado una asociación ilícita integrada además por – al menos – Patricio Serjal, Leonardo Peiti, Nelson Ugolini (imputados), David Perona (fallecido) y Alejandro T. (condenado).
Según la causa, el objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente.
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La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario.
Según la investigación, Peiti ofreció dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones, como perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
El rol en la asociación ilícita de Ponce Asahad consistió en recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que pudieran tenerlo como sospechoso o cualquiera referida al juego ilegal.
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A mediados de diciembre de 2018 Ponce Asahad se comunicó con Peiti a fines de informarle que existían en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. El imputado, junto a Nelson Ugolini, obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo, que tenía como imputado a Peiti, informándole a éste que se harían allanamientos.
A sabiendas de la existencia de una investigación sobre juego clandestino cuya tramitación se encontraba ante la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Ugolini creó un legajo sobre juegos de azar y se le asignó por fuera de la reglamentación vigente a Gustavo Ponce Asahad, con el fin de interferir en los allanamientos que estaba por realizar el fiscal Merlo.
Esto les permitió justificar el acceso a información vinculada a las investigaciones del fiscal Merlo. A sabiendas que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona, por una extorsión a cambio de no dañarlo, se reunió junto a Patricio Serjal y le indicaron que no investigue los hechos.
Además, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades, al menos desde diciembre de 2018, a los fines de recibir el dinero acordado.
