La Justicia de Rosario reabrió este martes una causa por contaminación contra la Petroquímica Bermúdez S.A., propiedad del empresario Sergio Taselli, que había sido cerrada por orden del ex fiscal Regional, Patricio Serjal, actualmente detenido acusado de cobrar coimas a cambio de favores judiciales.
El juez de primera instancia Carlos Gazza resolvió este martes reabrir una causa por presunta contaminación con gas de cloro de 21 hectáreas pertenecientes a la empresa Petroquímica Bermúdez S.A., ex Electroclor, ubicada en la cercana localidad de Capitán Bermúdez, a 25 kilómetros al norte de Rosario.
El 23 de septiembre pasado, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron muestras de agua y de suelo en zonas de posible contaminación, y realizaron una verificación visual y técnica de las condiciones en las que se encontraba la Petroquímica.
La planta, propiedad de Taselli, dejó de funcionar en 2013 luego de que la empresa Celulosa Argentina, que le compraba insumos para su producción, reconvirtió su sistema productivo a métodos más amables con el medio ambiente.
Sin embargo, por un decreto del ex gobernador Miguel Lifschitz, la Fiscalía de Estado inició una demanda por presunta contaminación contra la empresa.
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Un dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe, incorporado a la causa, constató el derrame de cloro en el predio, el deterioro de las instalaciones –que tras el cierre no habrían tenido mantenimiento- y condiciones peligrosas en cañerías y tanques de almacenamiento.
Antes del cierre, Petroquímica Bermúdez S.A. producía cloro elemental e hipoclorito de sodio, que vendía a Celulosa, cuya planta está ubicada en el predio lindero.
El Taller Ecologista de Rosario advirtió hace un lustro que la presencia de químicos en tanques y tubos de la planta abandonada “es una bomba de tiempo” y “está en riesgo la salud de la población”.
Sin embargo, la causa se cerró en 2019 ante una orden del entonces fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, al fiscal que llevaba el caso, Juan Carlos Ledesma, quien propuso la aplicación de un “criterio de oportunidad”.
Se trata de una figura del Código Procesal Penal santafesino que propone un resarcimiento económico a cambio del retiro de la Fiscalía de su deber de persecución penal, según explicaron fuentes judiciales.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron meses atrás la reapertura de la causa, al entender que Serjal le había dado una orden irregular al fiscal Ledesma, a quien se la transmitió en un shopping.
Serjal está detenido desde el año pasado, acusado de cobrarle coimas de entre 4 y 5 mil dólares mensuales a un capitalista de juego a cambio de no perseguirlo judicialmente y avisarle de causas en su contra.
Según los fiscales, Serjal ordenó cerrar el caso con el presunto objetivo de beneficiar a la empresa, a pesar de que estaba en juego el interés público.
Además, sostuvieron que el juez que firmó el archivo, Juan José Tutau, fue víctima de una redacción “engañosa” de la resolución, y no tuvo acceso a datos sensibles que probarían la contaminación.
