Santa Fe: imputan por tortura seguida de muerte a cinco policías del Comando Radioeléctrico
El fiscal Hernández los acusó de matar a golpes y con malos tratos a un hombre que había sufrido una crisis subjetiva, en enero pasado. “Sometieron a la víctima a graves sufrimientos”, dijo.
Cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I del departamento La Capital fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte, cometido en perjuicio de Mauro Daniel González en la ciudad de Santa Fe. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por vejaciones en contra de la misma víctima.
Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Ezequiel Hernández ante la jueza Cecilia Labanca, en una audiencia desarrollada este viernes en los tribunales de la capital provincial. El fiscal remarcó que “los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento”. Al respecto indicó que “los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta”.
Los uniformados del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, cuyas iniciales son LGA, SDB, FSA, MGD y SMP, según informó este sábado el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por otra parte, las iniciales del agente de Infantería señalado por otros delitos son JCB.
Los hechos ocurrieron el 17 de enero pasado en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe, alrededor de las 14.30 cuando dos policías del Comando Radioeléctrico llegaron en una patrulla hasta las calles Chaco y Hermanos Figueroa, por un pedido al 911 atento a que la víctima, González, padecía “una crisis subjetiva”, explicó el fiscal durante la audiencia.
Según Hernández, “los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”.
Durante la intervención, dijo, “los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas”, y agregó que “luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.
El fiscal también indicó que “los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos”. Y mencionó que “un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor”.
“Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás”, afirmó Hernández. “Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”, manifestó. “Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta”, precisó el representante del MPA.
“Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo”, especificó el fiscal durante la audiencia del viernes.
En esa línea, sostuvo en la acusación que “a sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios”.
“Más tarde, fueron a la sede de Medicina Legal, en 1° Junta al 2.800, y luego hasta la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7.300”, expuso Hernández. “En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud”, detalló. Finalmente, subrayó que “unas horas después, la víctima falleció como consecuencia del accionar delictivo de las personas investigadas”.
A la hora de la calificación legal, Hernández los imputó a los cinco policías del Comando Radioeléctrico como coautores de tortura seguida de muerte, mientras que al integrante de la Guardia de Infantería lo acusó de vejaciones calificadas. En tanto, el hombre de iniciales FSA es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.