Este martes, los fiscales de Santa Fe, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, que llevan adelante la causa por presunto espionaje ilegal contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y varios ex funcionario que lo acompañaron durante su gestión, se presentaron ante la jueza Roxana Carraro para solicitar la duplicidad de los plazos en los legajos en los que investigan, trámite que suele requerirse en causas complejas.

Según la información que hizo circular el Ministerio Público de la Acusación, el pedido de los fiscales «se enmarca en lo regulado en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia que establece: “Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional, a solicitud del Fiscal, el Tribunal podrá ordenar la duplicación de todos los términos previstos en este Código, sin perjuicio de los acuerdos relativos a la arbitración de trámite que las partes puedan acordar”.

Durante la audiencia, los representantes legales de las personas investigadas que, a pesar de haber sido señaladas públicamente, aún no han sido imputadas, rechazaron la petición de los funcionarios del MPA y solicitaron que se les de acceso a los expedientes para poder ejercer el derecho a la defensa.

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Hernán Martínez, abogado del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain en Radio 2 que la audiencia fue “extensa” y que desde la defensa de las personas sospechadas rechazaron la petición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “La jueza va a resolver por escrito. Por lo tanto, hoy no va a haber resolución”, agregó.

La jueza Roxana Carrara tiene un plazo legal máximo de tres días para dar a conocer su decisión. Cabe aclarar que, en caso de que el pedido de la Fiscalía sea concedido por la magistratura, la duplicidad de los términos procesales es aplicable no sólo a los plazos estipulados para la Fiscalía, sino también a los términos previstos para las defensas de las personas investigadas y para los jueces que intervengan en la Investigación Penal Preparatoria (IPP).