Tres altos mandos policiales de la ciudad de San Lorenzo fueron imputados por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusados de manipular pruebas y conspirar para que la causa que se le sigue al comisario Sergio Di Franco por dispararle en la nuca a Juan Cruz Vitali en mayo de 2019 se tramitara como un accidente sin intención, lo cual le valió la morigeración de la prisión preventiva y el tránsito del poceso en libertad.

El 12 de mayo de mayo de 2019, Juan Cruz Vitali evadió un control policial en San Lorenzo, control en el que se encontraba el comisario Di Franco quien, junto a otor efectivo comenzó a perseguir al joven de 23 años. Durante la persecución, que se extendió por toda la localidad de San Lorenzo, los policías realizaron disparos que impactaron en el vehículo de Vitali, quien, al llear a la casa de su tío, en Capitán Bermúdez, se bajó del auto y corrió tratando de ingresar. Sin embargo, Di Franco alcanzó a Vitali en la puerta de la vivienda y efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la nuca del joven, que falleció en el lugar.

El comisario sanlorencino, jefe en ese entonces, de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XVII, fue acusado de homicidio agravado por el uso de arma y calificado por abuso de su condición de miembro de fuerzas de seguridad y se le dictó prisión preventiva. Sin embargo, meses después, tras una serie de pericias que abonaban a la versión de Di Franco de que el disparo había sido accidental, en una nueva audiencia se decidió la morigeración de la medida cautelar y el jefe policial se fue a su casa con prisión domiciliaria por 90 días. Transcurrido ese plazo, se le otorgó la libertad, situación en la que aún hoy espera que la causa sea elevada a juicio.

Para que esto ocurriera, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra consideraron que los tres ex mandos policiales imputados ayer, tramaron y concretaron una maniobra de encubrimiento que contó con complicidades policiales, judiciales y políticas. No sorprendió entonces cuando, en la audiencia, volvieron a a aparecer nombres y causas que se estamparon repetidamente en las crónicas judiciales del último año, como Gustavo Ponce Asahad, Armando Traferri o la investigación de la causa Esteban Alvarado.

En la audiencia se expuso cómo el ex comisario Gustavo Spoleti, íntimo amigo de Di Franco, y los policías Gonzalo Paz y Jorge Quintana manipularon pruebas para conseguir la excarcelación de su amigo y camarada de armas. Y también el entramado judicial y político que apañó la situación para encubrir el homidicio de un joven de 23 años a manos de un policía. «Entendemos que lo que hizo el personal policial imputado, es tratar de favorecer la situación policial de Sergio Di Franco utilizando tres tipos de influencias, influencias judiciales, políticas y policiales, haciendo uso de sus contactos. Todas las personas imputadas tenían alta jerarquía al momento de los hechos», apuntó el fiscal Matías Edery.

De las pruebas expuestas surge la comunicación entre Gustavo Spoletti y el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a instancias de «Pipi» , quien facilitó esa comunicación. «Buen día doctor, soy el comisario mayor Spoletti, Pipi me pasó su teléfono para ver si lo puedo entrevistar cinco minutos. Cuando usted pueda voy para allá», surge del teléfono de Spoletti que, paradójicamente, estaba siendo peritado por la causa que investiga a Esteban Lindor Alvarado. Como explicó el fiscal Edery, «Pipi» refiere al senador Armando Traferri, con quien había habido una comunicación horas antes. «Aquí vemos las influencias políticas a las que nos referimos», remarcó el funcionario judicial, quien señaló además que cuando se logró la excarcelación de Di Franco, los imputados refirieron que se lo debían «al hombre de San Lorenzo». «Hay que agradecerle a Pipi», dicen en una conversación.

Planeando lo conveniente

De entre los mensajes que intercambiaron Paz con Spoletti queda en evidencia el denso entramado construido por los efectivos para atenuar la situación judicial de su colega. Por ejemplo, el pedido que hizo Quintana a un jefe criminalístico de la Policía de Investigaciones, Julio Erbetta, para que cambiara la vaina correspondiente al primer disparo, para que ese tiro fuera interpretado como producido por la pistola de otro empleado de la fuerza. Es decir, Quintana le solicitó a Erbetta que introdujera una evidencia falsa y le ofreció que pusiera un precio para ello.

Aparentemente, los tres policías contemplaron todos los detalles, incluso los honorarios que debían pagar al estudio de abogados que defendía a Di Franco.

Pero también, estudiaban la reacción social en torno al caso y la conveniencia de manejar la situación para atenuar esa reacción. «Está dura la mano para la domiciliara de entrada. Estamos hablando con el hombre de San Lorenzo a ver si hay algún tipo de contacto, le van a dar preventiva, al principio está medio duro».

Mientras Paz tenía que ocuparse de asegurar la evidencia acumulada por el homicidio de Vitali, el comisario Spoleti se ocupaba de mantenerlo al tanto de sus gestiones con los abogados de Di Franco, con Ponce Asahad y los peritos de la Policía de Investigaciones. Y también, de medir el humor social y planear hechos que taparan los pedidos de justicia por Juan Cruz Vitali.

En uno de esos intercambios, Paz realiza un análisis sobre lo inconveniente de una prisión domiciliaria inmediata para Di Franco. «Si le llegan a dar una domiciliaria ahora, empezamos con las marchas, los quilombos y los escraches de la familia. Hay que dejar que esto se afloje y ahí podemos pedirla. Pero lo importante es que nos atendieron, ese es un paso muy importante”, apuntó el jefe policial.

De otro audio surge que nada estaba librado al azahar. «Escuchá lo que se me acaba de ocurrir, le dice Spoleti a Paz. «Esta tarde voy a estar en la cobertura de la marcha de capitán Bermundez, (una marcha de los familiares de Vitali en la puerta de los tribunales pidiendo justicia). La idea sería que a psoteriori de la marcha tengamos varios hechos policiales de cualquier índole, así sea una pelotudez, pero que sea positivo para escribir algo en seguida y que inmediatamente tape lo de arriba». «Es decir, señala Edery

También surge del expediente la permanente manipulación de pruebas, pericias y documentación así como la permanente injerencia en todos los aspectos de la causa, repetidas reuniones con los abogados, pedidos irregulares a los peritos y pedidos de confección de informes que no se ajustaban a la realidad entre muchas otras acciones, además de las ya sxpuestas acciones con el senador Traferri y el fiscal Ponce Asahad. Una muestra clara de esto es el pedido de que vuelvan a fajar el vehículo peritado o una reunión organizada entre el abogado de Di Franco y el jefe criminalístico de la PDI para que le explique que es lo que debía contener el informe de Reconstrucciones Integrales para que concuerde con la línea propuesta por la defensa.

Al final de la audiencia, la jueza María Trinidad Chiabrera aceptó la imputacion por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como los delitos son excarcelables, los imputados transitarán el proceso en libertad pero la magistrada dispuso medidas alternativas: deberán abonar una fianza y presentarse a firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial.