Abogados laboralistas de Rosario rechazan la reforma procesal: «Está hecha por y para los empleadores»
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario (AALR) advirtió que los cambios propuestos en el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral perjudican gravemente a los trabajadores y no resuelven las demoras de la justicia. Denuncian que el proyecto fue impulsado por sectores patronales sin participación de sindicatos ni especialistas.
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- Ago 19, 2026
La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario (AALR) manifestó su enérgico rechazo al proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Santa Fe. A través de un duro comunicado, la entidad —presidida por la Dra. Cecilia Cozzi— denunció que la propuesta, impulsada originalmente por la Red de Instituciones por la Producción de Rosario, quita derechos fundamentales a los trabajadores sin atacar los problemas estructurales de la Justicia.
«Es un proyecto hecho por y para los empleadores. No participaron trabajadores, sindicatos, colegios de abogados ni jueces», sostuvieron desde la Comisión Directiva de la AALR, subrayando que la normativa ignora el principio protectorio del derecho del trabajo.
Para los profesionales del derecho laboral, la nueva ley (identificada por sectores industriales como un avance contra la «industria del juicio») introduce mecanismos que obstaculizan el acceso a la justicia.
Entre los cinco puntos más graves señalados por la AALR se destacan:
- Caducidad de los juicios: Las causas podrían cerrarse a los 9 meses sin aviso previo al trabajador, incluso si la demora responde a trámites ajenos a su voluntad.
- Barreras económicas: Se exigiría al trabajador pagar una garantía económica para poder embargar bienes o solicitar asistencia médica urgente, algo que hoy no se requiere y dificulta la protección inmediata de la salud.
- Freno a los pagos: Con la sola presentación de un recurso, el empleador podría detener el pago de una sentencia que el trabajador ya ganó en dos instancias judiciales.
- Instancia obligatoria sin presupuesto: Se crea el SECLAP, una instancia administrativa previa de 3 a 4 meses que los laboralistas consideran un «filtro» que carece de presupuesto asegurado para funcionar correctamente.
- Registro de alegatos inviable: Si bien se crea un nuevo registro, advierten que no cuenta con los recursos necesarios para implementarse en todos los juzgados.
El reclamo de una reforma real
Desde la AALR sostienen que el discurso oficialista, centrado en «frenar la litigiosidad» y reducir costos para el sector productivo, no soluciona el colapso del sistema.
En cambio, la Asociación propone atacar los verdaderos problemas de la Justicia laboral mediante:
- La creación de más juzgados laborales con personal especializado.
- La publicación de datos oficiales sobre los tiempos reales de cada etapa del juicio para identificar cuellos de botella.
- El refuerzo de las inspecciones de trabajo para prevenir el empleo no registrado y los accidentes laborales, que son el origen del conflicto.
Finalmente, los abogados laboralistas advirtieron que la reforma viola la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, exigieron un debate «con la participación de todos los actores del derecho del trabajo» que permita agilizar los procesos sin vulnerar la protección de los trabajadores y trabajadoras de la provincia.


