La Cámara de Diputados de la Nación inició el debate en el recinto del proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. La sesión se extenderá hasta la mañana del viernes y además incluirá el tratamiento del Plan de 1.000 días, una ley sobre atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau; de Salud, Pablo Yedlin; de Legislación Penal, Carolina Gaillard y de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, destacaron este jueves la importancia de que el Congreso apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y coincidieron que se trata de «una deuda histórica».
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Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1000 Días «promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral».
Moreau afirmó que ambas iniciativas «profundizan una política de salud pública que tiene como eje el acompañamientos de las mujeres y personas gestantes y garantiza básicamente el derecho a decidir, requerir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive».
«Este debate ha sido puesto sobre la mesa por miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso. Es un problema de salud pública estructural que existe en nuestro país», aseveró la diputada, quien concluyó su discurso con la frase: «Que sea ley».
En tanto, Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) sostuvo que el proyecto «no va contra de las creencias de nadie» y recordó que «hace 100 años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad».
Yedlin destacó que con esta ley se busca «que haya menos abortos, es justamente lo contrario que se nos dice» y dijo que se trata de «herramientas que tiene el Estado que llega con distinta intensidad a los rincones de la patria», a la vez que afirmó que el aborto «necesita salir de la clandestinidad para salvar miles de mujeres».
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Para Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), se trata de «un día histórico para las mujeres de nuestro país», y consideró que «no estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública».
Afirmó que el proyecto busca «que la mujer no sólo no tenga pena sino que además pueda decidir y que esa decisión esté acompañada por profesionales de la salud y busca un Estado presente» y pidió «jugársela» por la sanción de este proyecto «y no ser tibios» con este tema.
A su turno, Macha sostuvo que «despenalizar y legalizar quiere decir poder contar con una política pública que garantice ese acompañamiento» y puso de relieve que se trata de «una de las leyes más importantes que necesitamos desde el regreso de la democracia».
«Es un quiebre de espacio a un nuevo acontecer», aseveró Macha, al sostener que se trata de «soberanía sanitaria» y que se trata de «un paso clave para la multiplicidad de identidades y cuerpos», al sostener que «también abortan las lesbianas y trans».
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