Se trata de una vía de reclamo dentro del área de Defensa del Consumidor, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar que pedía la suspensión en la provincia de Chaco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La medida fue tildada de “antidemocrática” por algunos ciudadanos.
El envío de la iniciativa por parte del Gobierno había sido un compromiso de campaña de Alberto Fernández, quien también ratificó su promesa ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de este año, al dar inicio al período de sesiones ordinarias.
El jefe de Estado destacó que existe "una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad" y pidió dar un debate sincero al momento de tratar la ley en el Senado.
El oficialismo aspira a que el proyecto sea ley antes de fin de año en una eventual sesión que sea convocada para el 30 de diciembre.
"Este es un logro del movimiento de mujeres y un reclamo transversal desde distintos espacios y disciplinas que no ha claudicado. El Senado no tiene margen para volver a darle la espalda a las mujeres y debe avanzar en la sanción de la ley, sin más dilaciones", señaló la organización en un comunicado.
Miles de mujeres celebran la decisión de los diputados sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, la diputada nacional Cecilia Moreau sostuvo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de 1.000 Días "promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral".
Tras los cambios al texto original, así quedó el proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y que hoy será tratado en la Cámara de Diputados. Detalles en esta nota.
El medio digital feminista Latfem llevó adelante un relevamiento donde determinó que la víctima más joven de la clandestinidad del aborto tenía 13 años y son al menos 15 los niños que quedaron huérfanos de esta forma.
Esta semana se retomarán las sesiones presenciales cuando el miércoles el cuerpo elija las autoridades y el jueves y viernes comience el tratamiento de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1000 días. Los legisladores deberán presentar un test PCR que se haya realizado en las ultimas 72 o realizarlo en la sede parlamentaria.
Entre ellos la Iglesia católica, la evangélica y organizaciones de la sociedad civil realizarán su primera acción conjunta, con marchas y caravanas para expresar su rechazo al proyecto enviado por el Gobierno al Congreso.