El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó este martes que es inminente el envío de los proyectos que deberán ser tratados en sesiones extraordinarias del Congreso y apuntó que los legisladores deberán definir si acompañan «el cambio que votó la gente» o «ponen palos en la rueda» para «defender el status quo».
«El envío de los proyectos es absolutamente inminente, se hará en las próximas horas. El trámtie legislativo atañe a la responsabilidad de diputados y senadoras, que básicamente deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, el cambio, o seguir obstruyendo y poner palos en la rueda», afirmó Adorni en el marco de su habitual conferencia de prensa diaria.
De esta manera, el funcionario hizo referencia al proceso de sesiones extraordinarias que iniciará este martes con un temario propuesto por el Poder Ejecutivo, que incluye una amplia ley sobre reforma del Estado, el establecimiento de la Boleta Única de Papel como método de votación en las elecciones nacionales, y la modificación en el régimen del Impuesto a las Ganancias.
«Apelamos a la buena voluntad de los legisladores y a que estén a la altura de las circunstancias en el marco de la urgencia en la que estamos inmersos todos los argentinos», insistió Adorni.
Respecto a la movilización de la CGT que está planteada para este miércoles, el vocero presidencial reiteró que está vigente el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y adelantó que volverán a instrumentarlo en esta ocasión para garantizar la circulación vehicular por las zonas de protesta.
«Cuando uno ve quiénes anuncian las protestas, entiende que son aquellos que se manifiestan en defensa de sus propios intereses; los que se benefician con el status quo», cuestionó el funcionario, quien volvió a difundir la línea 134 como vía habilitada a recibir denuncias anónimas de aquellas personas que se sientan extorsionadas para participar de la marcha.
En relación a los planes sociales, Adorni comentó que el Estado nacional ya comenzó el proceso de auditoría de todas las asignaciones del Potenciar Trabajo que -según dijo- son «bastante más de un millón», a los fines de detectar irregularidades.
«Celebramos la investigación a cargo del fiscal (Guillermo) Marijuan, donde se acreditó que hay 8.000 personas que además de cobrar el plan tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias de las diferentes jurisdicciones», valoró el funcionario.
