Por Alejandro Maidana
Desamparo, esa es la palabra que acompaña en la mayoría de los casos a quienes deciden enfrentar el poderío del agronegocio a lo largo y ancho de la República fumigada. Un camino tan pedregoso como agotador, que muestra a las claras quienes son los titiriteros de un destino que huele a agrotóxicos, y sabe a impunidad.
Sobran estudios científicos que explicitan lo nocivo de un modelo que solo conoce de concentración de tierras, migraciones internas, violencia y envenenamiento. Cabe destacar que aquello que se venía gritando y denunciando desde lo más profundo de la dignidad humana, días atrás ha sido legitimado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Juan Cabandié.
El ministro denominó al glifosato como “veneno”, sosteniendo que el mismo contamina las napas freáticas. “Se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales, se fumiga en los centros urbanos”, dijo Cabandié, quién a su vez agregó que “si hiciésemos un estudio de sangre nos alarmaríamos fuertemente y si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida, nos alarmaríamos”. Una confesión estatal que aturdió los oídos del agronegocio, e invitó a creer en un cambio de paradigma en el modelo de producir.
Sin embargo queda mucho camino por recorrer, las y los damnificados que se encuentran en la primera línea de fuego, y que deben soportar con su cuerpo las aspersiones en sus distintas formas, no claudican a la hora de solicitar amparos y justicia. Pero claro, el silencio que proviene de los distintos tribunales, parecería formar parte de ese paquete tecnológico que ingresó en los 90 de la mano de Felipe Solá.
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La historia de Lidia Rosana Moreira atraviesa por la profundidad de su relato, y la angustiante soledad en la que se da el mismo. Residente en el Sexto Distrito, terruño entrerriano que para referenciarlo suelen citarse a dos localidades cercanas que sirven de faro para el desorientado, Gualeguay y Victoria.
En 2017 una fumigación a escasos metros de su casa, a tan solo 5 metros, originó que toda su familia quedase en medio de una nube tóxica que no tardaría en generar problemas físicos de manera inmediata. Cabe agregar que esto se torna aún más indignante, si tomamos como referencia que la pareja de Lidia que se encontraba en ese momento, arrastraba antecedentes de cáncer de colon.
Lidia padece severos problemas respiratorios producto de su exposición a los venenos, su madre, una mujer de 91 años, lucha contra el flagelo del parkinson y la desidia de quiénes a la hora de fumigar, la expulsan hacia el interior de su hogar por tiempo indeterminado. El negocio por sobre la salud, la billetera y su incesante jaque mate a los derechos de las mayorías aletargadas.
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El momento de declarar ante el fiscal en los Tribunales de Gualeguay, significó para Lidia Moreira un paso de hormiga más, entre los muchos que deberá dar para estar un poquito más cerca de la justicia. “Estuve declarando la semana pasada junto al fiscal, les explicité sobre todas las causas, incluso sobre una de la cual no me notificaron por eso no concurrí. Relaté con lujos de detalles todo lo que vengo padeciendo, incluso le manifesté lo delicado que se encuentra mi estado de salud”, indicó la vecina fumigada.
La figura del nuevo fiscal revive la ilusión de una mujer que necesita de manera imperiosa poder vivir sin ser acorralada por los venenos. “Se comprometió a trabajar duro y se mostró interesado en mi causa, si bien hay un cierto descreimiento sobre que, en 2017, fui fumigada a solo 5 metros de mi casa. Cuento con fotografías e incluso el peritaje de la policía, quién pudo percatarse a través de muestras que habían rociado con agrotóxicos hasta el límite de mi casa”.
Las barreras judiciales se bajan de manera tal que el avance en este tipo de causas, se tornan en una verdadera utopía. “Al no poder demostrar que el deterioro de mi salud ha sido producto de las aspersiones, juega a favor de quienes llevan adelante este tipo de prácticas. Es desesperante y desolador tener que batallar contra molinos de viento, cuando las respuestas al calvario que vivimos, las tienen enfrente mío de manera cotidiana”, indicó Lidia.
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El impedimento económico y lo engorroso que resulta tener que trasladarse del Sexto Distrito a Paraná para poder realizarse los estudios médicos luego de cada fumigación, hicieron que los mismos pierdan terreno en la disputa judicial. “Es muy difícil, los damnificados tenemos que probar con lujos de detalles el daño que nos originan las fumigadas, mientras que ellos siguen adelante impunemente esparciendo venenos por todos lados. Si bien ahora fumigan a 50 metros de mi casa, no representa nada, ya que una vez después de fumigar llovieron 200 mm, situación que hizo escurrir el agua con agrotóxicos hasta el pozo de agua de mi casa”, enfatizó.
Lidia Moreira no duda en definir su lucha como una batalla de ricos contra pobres, ya que sostiene que se han tomado muestras de agua después de la fumigada, no recibiendo jamás el resultado de los estudios científicos. “No solo eso, no me anoticiaron de la audiencia que tenía con este señor que me fumigó en 2017, situación que generó que él fuese sobreseído de la causa ya que no pude presentarme. Voy a seguir peleando por mis derechos, que no son otros que poder tener acceso a un ambiente sano que resguarde mi salud y la de mi familia, se que será una largo recorrido hasta poder lograr la tan ansiada justicia, pero no pienso claudicar”, concluyó.
La digna resistencia de los pueblos fumigados, de los ninguneados e invisibilizados por el desprejuiciado lobby de un sector que todo lo puede. Una pandemia maquillada que viene alterando de manera sistémica, el presente y el futuro de aquellos que no se resignan a morir siendo rehenes de sus abominables prácticas.
