El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, rechazó hoy la posibilidad de sindicalización de las fuerzas policiales y de seguridad al sostener que está «absolutamente en contra» de la creación de un gremio de la Policía bonaerense.
«La mirada que tengo es de cien por ciento negativa. Estoy en contra decididamente de la sindicalización de la Policía, ¿por qué razón?, y es muy simple: porque usted pone un secretario general del Sindicato de Policías y va a tener más presión y más poder que el propio jefe de la Policía», dijo Fernánedez.
Además, sostuvo que «la sindicalización podría estar planteada en un país donde hay una profunda descentralización y entonces se podría hablar en ese marco de una sindicalización policial».
Fernández, se expresó de este modo al ser consultado sobre la audiencia pública que realizó la Corte Suprema de Justicia, para analizar la sindicalización de las fuerzas policiales y de seguridad.
El jefe de Gabinete consideró que la iniciativa «es un sinsentido, no tiene ninguna razón de existir y mucho menos la posibilidad de que sirva para que exista el derecho a huelga».
Asimismo, recordó que había un proyecto de su autoría «que se aprobó en diciembre del año pasado, en el cual modificamos el artículo 252 del Código Penal que precisamente impide, prohíbe el abandono de trabajo para una fuerza; y hay jurisprudencia pacífica en la Corte Suprema que dice con toda claridad que si usted se prepara y va a ser policía o en cualquiera de las fuerzas de seguridad, va a aceptar las reglas de lo reglamentos propios de las Fuerzas de Seguridad».
Ayer, la Corte Suprema de Justicia realizó una audiencia pública para escuchar a las partes y a las organizaciones que se presentaron como “amigos del tribunal” en la causa en la que debe resolver la constitucionalidad o no de los gremios policiales.
La misma se realizó en la sala de audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Se trata de la causa iniciada por el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) que llegó al máximo tribunal del país en 2010, luego de ser rechazado por la Cámara del Trabajo.
En presencia de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, el autodenominado Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aire (SIPOBA) señaló que cerca del 80% de los agentes provinciales «vive en villas de emergencia».
En la causa ya hay un dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en el que se recomienda rechazar la sindicalización de las fuerzas de policía.
Entre los “amicus curiae” (amigos del tribunal), que se presentaron en la causa figuran las presentaciones de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); el Sindicato de Trabajadores Policiales (SITPO), la Asociación Mutual Estabilidad y Progreso del Personal Policial de la República Argentina (AMEPPRA), el Sindicato de Policía y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires (SINPOPE); Juan Facundo Moyano y Raúl Federico Maza.
La causa del autodenominado SIPOBA se inició hace 17 años, en 1998, cuando intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo, y fue rechazada por el ministro de Trabajo, Antonio Erman González. A posteriori en septiembre de 2002 lo rechazó Graciela Camaño.
Pero SIPOBA insistió y llegó al máximo tribunal del país en 2010. Los mismo ocurre con otras dos causas iniciadas por el llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) -un sindicato emparentado con la CGT de Hugo Moyano- y la de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC) llamada “7 de Agosto”, que tiene un fallo favorable de la Cámara del Trabajo del 2013.
Estas causas están en manos de la Corte Suprema. La Procuración General dictaminó en contra de la agremiación en todos los casos basándose en el dictamen de Gis Carbó en el caso testigo tomado por el máximo tribunal. Allí la procuradora recomienda que se rechace el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa” y porque las normas internacionales que “tratan específicamente los derechos sindicales acogen expresamente las especiales características de la actividad y de las funciones realizadas por las fuerzas policiales”.
Para la procuradora es “la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio», tal y como lo establece el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras Alberto Lugones, abogado de SIPOBA, sostuvo que «el policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX» y defendió la creación del sindicato porque «es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse», el Ministerio de Trabajo de la Nación aseguran que no hay ninguna
ley que permita la sindicalización policial
