La ANSéS analiza la posibilidad de vender acciones que cotizan en la Bolsa para poder saldar juicios vinculados con jubilaciones por reajuste de haberes, trascendió hoy.
Al ser consultado sobre esa cuestión, el director ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, sostuvo: «Estamos estudiando ese tema».
Se trata de las acciones que posee el organismo dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aunque para poder concretar el proyecto se debería derogar una ley aprobada en 2015 por el Congreso.
El funcionario resaltó: «Primero que nada, hay una ley que no permite venderlas. Llegado el caso, si se pueden vender y tomamos esa decisión, vamos a usar esa plata para los jubilados».
Basavilbaso consideró en declaraciones televisivas que «una buena idea podría ser usarla para pagar los juicios porque el Fondo fue creado para pagar contingencias».
Destacó, además, que su gestión tiene la «intención de pagar» las sentencias.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2008 y cuenta con las acciones que el organismo obtuvo tras la estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Si se llevaran a cabo las ventas, por un lado, se anularía la participación del Estado en las compañías privadas y, por otro, se podrían pagar las sentencias de los juicios de jubilados, que según el Presupuesto de este año, oscilarían en un monto de 12.500 millones de pesos.
Según trascendió, ya hay interesados en adquirir las acciones, mientras se estima que los jugadores del segmento mayorista son los que podrán participar de la operación.
El analista de inversiones Gustado Ber consideró que este lunes «los bancos, las energéticas y las petroleras se ubicaron entre los sectores más afectados ante la expectativa de desinversión que estaría evaluando la ANSéS».
Las estimaciones apuntan a que hay más de 300.00 juicios sin resolver, en su mayoría por problemas en las liquidaciones durante la crisis de 2001.
El oficialismo ya había manifestado su rechazo respecto de la presencia estatal en el terreno privado, por lo cual se trataría de una decisión en línea con la perspectiva política fijada por el PRO.
