El Gobierno argentino y los fondo buitre NML Capital y Aurelius alcanzaron un acuerdo para saldar la deuda en default con el pago de unos 4.653 millones de dólares, anunció hoy el mediador en el duro y extenso conflicto judicial Daniel Pollack.
Así, la Argentina comienza oficialmente a caminar la recta final hacia la resolución de un conflicto que lleva más de 15 años, desde que el fugaz gobierno de Aldolfo Rodrígez Saá anunció el default más grande de la historia, pero aún quedan dos leyes por derogar en el Congreso para cerrar la etapa.
Pollack precisó que la Argentina llegó a un entendimiento con el fondo NML Capital y otros acreedores para pagarles 4.653 millones de dólares y saldar el multimillonario juicio por su deuda en default desde 2001.
«Las partes firmaron anoche un principio de acuerdo tras tres meses de intensas negociaciones contrarreloj bajo mi supervisión», indicó en un comunicado el mediador designado por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
El Special Master precisó que el acuerdo por los bonos soberanos (que no fueron reestructurados en 2015 ni 2010) contempla a los fondo NML Capital, Aurelius, Davidson Kempner and Bracebridge Capital.
«Argentina pagará aproximadamente 4.653 millones de dólares para saldar todos los reclamos en el distrito sur de Nueva York y el mundo entero», dijo Pollack en su comunicado después que el entendimiento fuera anticipado la semana pasada por un abogado de los holdouts.
NML Capital es propiedad de Elliot Management, una corporación fundada por el multimillonario Paul Singer, quien fuera declarado enemigo público número uno por el exgobierno de Cristina Kirchner por no aceptar jamás las condiciones de negociación propuestas en los últimos años.
«Es un paso gigante para este litigio de larga data, pero no el paso final», agregó el mediador, indicando que ahora el Congreso argentino debe derogar las leyes de Pago Soberano y Cerrojo que impedían un acuerdo de este tipo.
El pasado 5 de febrero, la nueva administración del presidente argentino Mauricio Macri presentó una oferta para abonar 6.500 millones de dólares (sobre un total de 9.000 millones) a los holdouts y otros acreedores para poner fin al juicio.
EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron juicios con sentencia firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta argentina, por la cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares, respectivamente.
En cambio, NML Capital y Aurelius, que en 2012 lograron una sentencia favorable para cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares, no habían aceptado la propuesta y continuaron negociando hasta el acuerdo de hoy.
Objeciones
El economista Aldo Ferrer consideró que el acuerdo con los holdouts «afecta la división de poderes» del país, al cuestionar que el entendimiento se encuentre supeditado «al fallo de un juez de Nueva York que reclama la derogación de una Ley que fue votada por el Congreso».
«No es posible que un juez de Nueva York (Thomas Griesa) le diga al país que se debe derogar una ley para que se llegue a un acuerdo. Eso afecta la soberanía nacional y la división de poderes», dijo Ferrer a Télam.
Para quien fuera ministro de Economía entre 1970 y 1971, el Congreso debería primero analizar el acuerdo al que arribó la actual administración, ya que se trata de «una decisión que puede comprometer el futuro de los argentinos».
«Lo primero que debería hacerse con ese arreglo es someterlo a la evaluación del Congreso. Ahí debería aprobarse y recién después analizar como Estado independiente y soberano si corresponde derogar una norma», observó el economista.
El juez Griesa condicionó días atrás el levantamiento de la cautelar que le impide a Argentina pagarles a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, a la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano.
Además, Ferrer criticó el contenido del acuerdo con los fondos buitres, al observar que se aceptaron «todas las demandas sin negociar nada».
«A los fondos buitre se les hizo una oferta que es mala para el país. Se aceptaron todas las condiciones que nos hicieron. Es una pena porque el país se encontraba en una situación que no era tan mala con respecto a sus finanzas», enfatizó.
En cuanto a las políticas económicas implementadas durante los 70 primeros días de gobierno, Ferrer apuntó que se llevó a cabo «una gran transferencia de recursos» desde los sectores asalariados a los más favorecidos.
«En estos 70 días hubo inflación, devaluación y se generó una regresiva transferencia del ingreso desde los sectores populares a los más ricos. Ahora el Gobierno debe aplicar políticas para ver cómo evoluciona la economía en el futuro», concluyó.
