El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciarán este jueves la propuesta para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación extranjera, confirmaron fuentes oficiales. El mandatario nacional también estará acompañado por gobernantes provinciales.

El anunció se realizará desde la Residencia de Olivos, indicaron voceros consultados.

Está previsto que arranque a las 17:00 y el Presidente esté acompañado también por gobernadores de distintas provincias y partidos.

En el mercado creen que el recorte propuesto será de más del 50%, lo que es considerado una «propuesta agresiva» por parte de los fondos de inversión.

El jefe de Estado quiere mostrarse junto a mandatarios provinciales para reflejar que su plan tiene consenso político en el país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Argentina ya registró este miércoles una presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos). Allí indicó que puede llegar a emitir US$ 51.652 millones en nuevos bonos.

Analistas de mercado entienden que la Argentina buscará un «período de gracia» para no pagar capital ni intereses durante 4 años.

La oferta contemplaría una quita del 50% sobre el capital adeudado y recién este jueves se sabrá si, luego de los 4 años, el país ofrece pagar intereses acumulados por el período que no se pagó capital.

La propuesta del Gobierno incluye la postergación del pago de intereses, es decir que no se abonarán los vencimientos del 2020 al 2023 y a partir de 2024, ofrecería pagar un interés del uno por ciento.

El Gobierno propondría también subir ese uno por ciento en el pago de intereses medio punto porcentual en los años sucesivos, hasta llegar a un máximo de 4,5%.

La Argentina plantearía también pagar entre 38 y 40 centavos de dólar por cada cien dólares, que hasta el momento representa la principal diferencia en la negociación con los acreedores, que reclaman una cifra por encima de los 50 centavos.

Las cartas sobre la mesa

Desde el oficialismo tienen una postura firme desde hace meses: un mal acuerdo con los acreedores privados es peor que el default. Según perciben, ese “mal acuerdo” sería dejar a la Argentina en una situación de insostenibilidad y que posteriormente eso redunde en otra reestructuración muy costosa que el país deba enfrentar.

De momento no hay confirmaciones de cómo será la propuesta final ya que la elaboración de la misma, comandada por el ministro Guzmán, se realizó bajo un hermetismo total.

Aún así, a medida que se acercó la fecha del anuncio el titular del Ministerio de Economía nacional dejó algunos indicios. Este miércoles participó de la tercera reunión virtual de ministros de Finanzas y titulares de Bancos Centrales del G20, donde señaló que la Argentina «apoya la iniciativa de alivio de deuda del FMI y del Banco Mundial».

«Consideramos que estos esfuerzos deben ser más abarcativos e incluir a los acreedores privados en los casos que sea necesario De otro modo se corre un riesgo de socavar la efectividad de las políticas que se están llevando adelante para lidiar con los efectos del Covid-19 en el mundo», afirmó durante la teleconferencia internacional de ministros.

En la misma sintonía, el funcionario afirmó que “las perspectivas de recuperación luego de la pandemia dependerán en buena medida de cómo se lidie con el problema de sostenibilidad de deuda de los países más afectados”.

En la misma reunión virtual, Guzmán se refirió directamente a la propuesta que se les hará esta tarde a los acreedores privados y anticipó que «la Argentina constituirá un gran antecedente para el funcionamiento de la arquitectura internacional de resolución de crisis de deuda soberana”.

En los últimos días, el Director Gerente del FMI y el presidente del Banco Mundial convocaron a los acreedores bilaterales oficiales para avanzar en la suspensión de los pagos de la deuda de los países más pobres.

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El G20 -que Argentina integra- envió un comunicado conjunto en el que resolvió avalar la suspensión temporal del pago de la deuda para estos países, a fin de permitir a las naciones más vulnerables concentrar sus esfuerzos en la lucha contra el coronavirus. El Covid-19 es suficiente argumento para que los acreedores entiendan que no son tiempos de exigencias quiméricas ni de aprovechar la desesperación de los Estados ahogados.