Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
Las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia avanzaron con la iniciativa que garantizaría un régimen de protección por parte del Estado a las víctimas de delitos. Estuvieron presentes familiares y víctimas de casos de inseguridad, como Carolina Píparo –quien embarazada fue baleada en una salidera bancaria- y referentes de Madres del Dolor.
En la reunión también se firmó en minoría un proyecto que modifica el artículo 119 del Código Penal, sobre la tipificación del delito de abuso sexual que establece que será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años cuando el agresor cometiera el abuso mediante “acceso carnal por vía anal, vaginal o bucal o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”.
Diputado Luis Petri
Del encuentro de comisiones participó el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja, Luis Petri, quien en diálogo con Conclusión describió cuales son los aportes al proyecto desde su actividad como legislador.
Petri, consideró que su proyecto «tiene relevancia porque le da participación a las víctima, y fortalecer su rol en el proceso para garantizar que ese protagonismo le otorgue la posibilidad de obtener la condena de autor del delito»·.
La víctima siempre estuvo marginada del proceso penal, es decir, ingresaba al proceso solo para testimoniar y luego era abandonada por el Estado, no tenia información y un trato impersonal, así se llegaba a una nueva revictimización, que se conoce como ¨victimización secundaria¨. Este proceso consagraba derechos en favor del imputado pero no de la víctima.
Mediante el aporte de Luis Petri, se intentará «garantizar la asistencia, el asesoramiento y la representación gratuita. Incluye la contención psicológica y fundamentalmente el empoderamiento a partir de la información y de un Estado que marcará presencia en todo el proceso, pero en favor de la víctima».
«Para ello -dijo el diputado- se creará un centro de asistencia de apoyo a las víctimas, que tendrá la capacidad de recibir denuncias y de informar que derechos le asiste dentro y fuera del proceso penal, con la intención de volver la situación a un estado anterior a la comisión del delito», manifestó.
Preguntado Petri si este centro será una dependencia dependiente del Estado o si estaría constituido en forma mixta, el legislador refirió que «será un cuerpo interdisciplinario (psicólogos, abogados, asistentes sociales) que dependerá del ministerio de Justicia y en la medida de lo posible con una distribución federal para que sea utilizado por la mayor cantidad de ciudadanos. Y otra de los objetivos es que pueda ser ataque este amparada la víctima en su inmediato y sin necesidad que deba recorrer grandes distancias para poder ser contenida», señaló.
Consultado si los Estados provinciales podrán ser parte si adhieren a la norma, especificó que «será en caso que adhieran a la ley, y sería oportuno que así lo hagan porque son sus juridicciones las que entienden en delitos comunes y además los juzgan, y se prevé que las provincias puedan crear estos centros», concluyó el titular de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados».
