MARTES, 20 DE OCT.

Carta de Pio Laghi revela abusos cometidos por la dictadura

En la misiva del ex nuncio apostólico se habla de un encuentro con Harguindeguy, ex ministro del interior, y de los abusos cometidos en Rosario por Díaz Bessone, definido como "un tipo muy duro"

 

En el marco de la próxima desclasificación de documentos del Vaticano, se conoció en las últimas horas una carta en la que el entonces Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Pío Laghi, relata un encuentro que mantuvo en 1976 con el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, para interesarse por la suerte de muchos detenidos, entre ellos el hermano del «Che» Guevara. Durante ese encuentro, el ex nuncio apostólico le endilgó al militar los métodos «inadmisibles» en la lucha contra la subversión. Aparecen en la carta los abusos del  general Díaz Bessone  cometidos en Rosario.

Laghi le envió la misiva a quien era el secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Jean Villot y allí  relata una reunión que tuvo el 12 de julio de 1976 con Harguindeguy y que tuvo por objeto plantearle centralmente –según dice al comienzo– el «estado de los detenidos políticos, el secuestro y la eliminación de personas al margen de la ley, y la violación de fundamentales derechos humanos».

La nota se conoció a través del sitio de información religiosa Vatican Insider, del diario italiano La Stampa.

Laghi dice en la carta que «después de la masacre de San Patricio (el asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en una iglesia del barrio porteño de Belgrano R), el ministro mismo había expresado el deseo de tener un encuentro conmigo, y yo naturalmente lo secundé, considerando conveniente valerme de esa audiencia para hablar también sobre los argumentos antes mencionados».

En cuanto a los sacerdotes palotinos, escribió: «él me aseguró que la investigación para identificar a los autores prosigue».

Y señaló que Harguindeguy «tenía indicios» de que los autores eran «de extrema derecha» (en realidad fueron asesinados por la propia dictadura). Laghi revela que le entregó a Harguindeguy «algunas hojas en las que ya había transcripto, según su categoría, los nombres de los detenidos, de los secuestrados y de los desaparecidos, cuyos familiares se dirigieron a la Nunciatura para obtener nuestra participación; llamé la atención del ministro sobre algunos casos, como el de los ingenieros de la Comisión para la Energía Atómica, el del director de cine Raymundo Glaser (sic) y el del profesor Roberto Bergalli». Laghi se interesó por la suerte de 60 personas arrestadas en diversos puntos del país. La lista completa, de 60 personas incluye a Juan Martín Guevara, hermano del Che, quien se encontraba preso «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional» desde marzo de 1975, y continuó detenido hasta el 6 de marzo de 1979.
Además, aparecen en el listado Jorge Vázquez, ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de Héctor Cámpora entonces retenido en un barco en La Plata, y el padre Elías Musse, de la Diócesis de Azul. También aparece el director de cine brasileño Paulo Antonio Paranaguá, detenido en mayo de 1975.
Entre los nombres por los que se interesó Laghi aparecen seis mujeres y 14 hombres detenidos en Villa Devoto, y un grupo de nueve miembros de la Comisión de Energía Atómica arrestados el 28 de marzo de 1976, entre otros.

Agregó que Harguindeguy «después me ofreció información detallada sobre los sacerdotes todavía detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo, o bajo proceso: son 9, de los cuales 6 estaban en la cárcel desde antes del golpe; cinco están bajo juicio y para ellos el Público Ministerio pidió la aplicación de penas de hasta 8 años de reclusión; los otros cuatro, tal vez, podrán ser expulsados del país como ‘personas no gratas’, al no ser argentinos».

Laghi también dijo que al final hablaron sobre «los refugiados» y si su presencia en el país plantea «serios problemas de seguridad».

A la vez que señaló que le recordó al militar «casos sobre los detenidos no argentinos en los que son mantenidos ‘incomunicados’ y no pueden ser visitados ni siquiera por el agente consular del respectivo país; y esto va en contra del artículo 36 de la Convención de Viena».

Cuenta, además, que el ministro «admitió que en algunos cuarteles militares, como en el de Rosario, bajo el comando del general Díaz Bessone –un tipo muy ‘duro’–, se verifican abusos de este tipo, y prometió que hará todo lo posible para remediarlo».

Finalmente, dice que «ante la angustia que manifesté sobre los actos de violencia de los ‘escuadrones’ de derecha y sobre los métodos inadmisibles de la lucha contra la subversión, el ministro concordó conmigo en que es necesario desarmar a todos los grupos que actúan fuera de la ley del Estado».

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