Causa Andis: ampliaron la imputación contra Spagnuolo por nuevos sobornos y pidieron indagar a directivos de la Suizo Argentina
Según la investigación, la firma no solo habría obtenido compras con sobreprecios, sino que también habría controlado el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo, definido quién ganaba las compulsas de precios y hasta intervenido en las decisiones sobre los pagos a otras droguerías.
El Ministerio Público Fiscal amplió la imputación sobre el ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, tras detectar nuevos pagos de sobornos y un viaje a Israel costeado por el empresario Miguel Ángel Calvete, articulador clave en el esquema de corrupción que investiga la Justicia, según informaron fuentes judiciales.
También pidieron indagar a seis directivos de Suizo Argentina S.A, firma que habría «cooptado» el organismo de discapacidad con la compra de sus medicamentos con sobreprecios.
De acuerdo a lo precisado, se solicitó la ampliación indagatoria de Spagnuolo, de Calvete, del ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini; el lobbista y operador de la Suizo Argentina S.A., Pablo Atchabahian; y el presidente de Génesis S.A., Andrés Horacio Arnaudo, entre otros.
También se pidió lo mismo para el presidente de Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker; su vicepresidente, Emmanuel Kovalivker; el director de Compras, Diego Viner; el director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; el gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo, y el coordinador de esa área, Fernando Domínguez.
Según la investigación, la firma no solo habría obtenido compras con sobreprecios, sino que también habría controlado el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo, definido quién ganaba las compulsas de precios y hasta intervenido en las decisiones sobre los pagos a otras droguerías.
«Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo», sostuvieron los fiscales en un dictamen de más de 300 páginas que reconstruye un presunto entramado de corrupción entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
De acuerdo con la acusación, durante ese período la empresa habría administrado las compras de medicamentos del Programa Federal Incluir Salud y coordinado un esquema de cartelización integrado por otras 14 droguerías. El objetivo, según los investigadores, era asegurarse adjudicaciones, establecer los precios de venta y distribuir los negocios dentro de un circuito controlado por la compañía.
El volumen económico del caso es uno de los datos centrales de la presentación: la Suizo Argentina recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 en quince meses, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS durante el período investigado.
Para los fiscales, no se trató solamente de irregularidades en contrataciones públicas. La hipótesis es que una empresa privada consiguió una influencia decisiva sobre un organismo estatal que debía garantizar prestaciones a personas con discapacidad y enfermedades graves.
CÓMO FUNCIONABA EL ESQUEMA
La investigación sostiene que la Suizo Argentina recibía información anticipada de funcionarios de la ANDIS sobre las compras que iban a realizarse. Con esos datos, la empresa podía organizar las ofertas, fijar los valores de venta de sus propios medicamentos y de los comercializados por otras droguerías y determinar qué firma debía resultar ganadora en cada compulsa.
Pero la intervención, según la fiscalía, iba más allá de la fijación de precios. La compañía también habría dado indicaciones sobre a quién pagar y a quién demorar los desembolsos, mientras llevaba un registro detallado de los montos y porcentajes asignados a cada proveedor.
Los investigadores describieron un mecanismo de «doble pacto»: por un lado, un acuerdo con funcionarios de la ANDIS para acceder a información privilegiada y controlar las compras; por el otro, un entendimiento con las droguerías que participaban del sistema, que debían seguir las reglas impuestas por la Suizo Argentina para poder venderle al Estado.
La empresa habría tenido así la capacidad de decidir quién ganaba y en qué condiciones. Quienes no respetaban ese funcionamiento podían sufrir represalias mediante la demora de sus pagos.