Causa $Libra: apelan el sobreseimiento de Javier y Karina Milei con el fin de reabrir la investigación
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas se involucró en el caso y cuestionó el fallo del juez Martínez de Giorgi y ahora busca la reapertura de la causa.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, en la causa denominada $LIBRA. El organismo especializado en investigar delitos vinculados con funcionarios públicos, se presentó en el expediente, asumió el impulso de la acción penal y reclamó la decisión que benefició al Presidente y a los otros imputados.
El objetivo de la apelación presentada por la Procuraduría es impulsar la reapertura de la investigación que involucra al presidente de la Nación y a la secretaria general de la Presidencia. La medida busca revertir la decisión judicial que había beneficiado a ambos funcionarios.
La intervención de la fiscalía, encabezada por Sergio Rodríguez, marca un giro respecto de la postura que había sostenido el fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado los sobreseimientos que luego dictó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. La intervención de esta fiscalía especializada se produjo tras aceptar un pedido formal realizado por dos ONG. A partir de esa solicitud, la PIA resolvió involucrarse en el expediente judicial.
La presentación respondió a un planteo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que intervienen como amicus curiae y que habían reclamado que el organismo especializado tomara las riendas de la investigación.
En su reclamo, la Procuraduría retomó los cuestionamientos sobre las medidas que no se profundizaron y sostuvo que es necesario avanzar sobre distintos aspectos de la operatoria de $LIBRA.
Entre las diligencias pendientes mencionó la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el examen de los movimientos de dinero relacionados con los hechos.
Desde el Centro de criminalidad consideraron un paso fundamental que la fiscalía especializada participe en el caso. “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”, enfatizaron en un comunicado.