La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, comenzó a ser indagada este lunes por la mañana por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.
En el inicio de la audiencia, Cristina expresó: «Voy a declarar y oportunamente contestaré preguntas». Luego de pedir que le acerquen una botella con agua, la próxima vicepresidenta se quejó porque ante los magistrados por haber rechazado el pedido para transmitir en vivo la audiencia e inició su declaración hablando del «lawfare».
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«¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita, de ser la jefa de una banda?. ¿En serio les parece que no?», expresó al comienzo.
La indagatoria comenzó pasadas las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y la jornada está dedicada completamente a la vicepresidenta electa, aunque en la sala también está sentado Lázaro Báez, quien fuera dueño de Austral Construcciones y señalado como el principal beneficiario del desvío de la obra pública en Santa Cruz.
La ex presidenta llegó acompañada por Oscar Parrilli, Juan Cabandié y Leopoldo Moreau entre otros. En los inicios de su declaración sostuvo que sostuvo que la acusación por la obra pública en Santa Cruz «fue un plan ideado por el gobierno saliente» y «forma parte del lawfare».
En ese sentido criticó con dureza el rol de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de los cuales los dos primeros ejercen la acusación en la causa por presunto fraude en la obra pública.
Durante la declaración indagatoria, remarcó el hecho que la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso es «no abogada» y que el titular de la UIF Mariano Federici está vinculado al banco HSBC, entidad que fue investigadapor lavado de dinero y debió pagar una multa de 13 millones de dólares por violación a normas regulatorias.
Además, criticó el rol de la AFI y recordó que en un juzgado federal de Dolores se ventilaba que los testigos eran «guionados», haciendo referencia al mediático Leonardo Fariña, hecho por el cual se lo atribuyó al ministro de Justicia Germán Garavano.
Sobre la causa en la que está siendo acusada, aseguró que “fue un plan ordenado por el gobierno saliente”.
El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quien iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso o para que venda sus empresas». «El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no se como tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas”.
La electa vicepresidenta también recordó que fue la Justicia, a través de un fallo, quien le impidió entregar el mando a su sucesor, Mauricio Macri, en 2015, porque determinó que su mandato había finalizado el 9 de diciembre.
«No me dejaron, yo quería ir a la asamblea y un magistrado dijo que yo no podía. Tuvimos un presidente provisional, no votado, el entonces senador Federico Pinedo», dijo recordando el fallo de ese momento dictado por la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.
«Fui también presidenta de la república, la primera mujer. Sin embargo, a solicitud del Gobierno entrante mi mandato terminó el 9 de diciembre a las 12 de la noche cual Cenicienta, así terminó el mandato de las dos veces presidenta electa de los argentinos», expresó durante su indagatoria en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública.
«Cuando terminará el mandato del presidente Macri, ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre?. No, verán que hubo una sola sentencia para no permitirle ir a una asamblea legislativa, donde correspondía que yo fuera a entregar el mando y la banda», añadió. Además, criticó que luego de ello «quedó la leyenda» y los medios dijeron que «no quería ir a la asamblea».
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