Comenzó la sesión en Diputados, con los subsidios al gas en la mira: ¿cómo impactará en Santa Fe la eliminación de “Zona Fría”?
La idea del gobierno de Javier Milei es que sólo la Patagonia, el departamento mendocino Malargüe y el área de la Puna estén comprendidos por el esquema de “Zona Fría”, mientras que en el resto del país habría subsidios según el nivel de ingresos.
La Cámara de Diputados comenzó a sesionar durante la mañana de este miércoles y La Libertad Avanza delineó una estrategia, que consistió en adelantar el encuentro una hora (de las 11 a las 10), para adaptar el temario a su conveniencia y no solo evitar que se trate en el recinto una serie de proyectos que buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito; sino para darle media sanción a una iniciativa oficialista que actualiza el régimen de subsidios al gas conocido como “Zonas Frías” y focaliza los beneficios en hogares vulnerables y en un puñado de regiones.
En caso de que estas reformas se concreten, a un mes de que inicie el invierno, unos 550.000 hogares del sur de la provincia de Santa Fe –incluida la ciudad de Rosario– dejaría de gozar de esta asistencia energética, mientras que se estima que a nivel nacional unas 3.200.000 personas padecerían aumentos significativos, de incluso el doble de lo actual, en las boletas.
La iniciativa, que la semana pasada obtuvo dictamen de mayoría en un plenario realizado por las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda y ya está lista para tratarse en el recinto, apunta a redistribuir el financiamiento del sistema energético, segmentar subsidios y revertir la ampliación del régimen que se concretó en 2021, mediante la cual ciudades del sur santafesino, entre otras regiones del país, pasaron a estar alcanzadas por el beneficio.
La idea del gobierno de Javier Milei es que sólo la Patagonia, el departamento mendocino Malargüe y el área de la Puna estén comprendidos por el esquema de “Zona Fría”, mediante el cual obtienen una bonificación del 50% en el consumo de gas, mientras que en el resto del país habría subsidios según el nivel de ingresos.
Según el proyecto, los subsidios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En cuanto al límite de ingresos, el requisito es que el grupo familiar no supere las tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2”. Esta cifra es informada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en abril era de $1.469.768, lo que triplicada arroja un ingreso límite de $4.409.304.
En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.
El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
La propuesta oficialista sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.
En la sesión de este miércoles el oficialismo planea tratar la Ley Hojarasca, tratados internacionales y la modificación de Zonas Frías. En cuanto a este último punto, los votos estarían justos, por lo que Casa Rosada negoció con algunos gobernadores aliados, a quienes les entregarían subsidios energéticos en concepto de “zonas cálidas” y se les condonarían las deudas a algunas empresas energéticas como Edenor y Edesur. Este pacto se habría trazado con los mandatarios de las provincias de Jujuy (Carlos Sadir), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Catamarca (Raúl Jalil).
¿Qué pasará en Santa Fe si se elimina la “Zona Fría”?
Hace cinco años se promulgó la Ley N° 27.637 que extendió el régimen de “Zona Fría” a varias regiones del país donde, si bien el frío no es tan extremo como en la Patagonia o en la Puna, las bajas temperaturas se hacen sentir. La medida permitió, por ejemplo, que algunas localidades del sur de la provincia de Santa Fe –entre ellas Rosario– tengan una bonificación en el consumo de gas.
Localidades santafesinas incluidas en el régimen «Zona Fría».
Al extenderse el régimen de Zona Fría más allá de la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, pasaron a estar dentro del esquema zonas de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
La integrante del Observatorio de Servicios Públicos Clara Ramírez habló con Conclusión sobre el impacto que la medida tendría en Santa Fe: “La ampliación del régimen de Zona Fría implicó para unos 292.343 usuarios santafesinos el descuento del 50% en la tarifa de gas, y para 258.260 una bonificación del 30%. Hablamos, para redondear, de 550.000 hogares que tenían un beneficio en su factura. En usuarios residenciales, se perderían un 76% de beneficios”.
“El aumento sería de casi el doble en la facturación, más los aumentos programados que se tienen, porque se decidió una actualización mensual en el costo del gas. Esto implicaría un salto tarifario muy importante y con mucho impacto”, señaló Ramírez, quien detalló que el proyecto oficialista plantea un “régimen único de subsidios focalizados”.
Por último, destacó que la eliminación del subsidio de “Zona Fría” tendrá un “impacto muy fuerte” en la actividad productiva, generando, especialmente, afectaciones en pequeñas y medianas empresas (pymes), como así también en comercios chicos, sobre todo los que se dedican a la elaboración de alimentos y panificación. “A esto se sumarían los aumentos eléctricos, es un combo bastante complejo”, cerró.