Comisión de Legislación Penal debatió cambios a la Ley 23.737 y chocaron proyectos sobre desfederalización

La Comisión de Legislación Penal de Diputados realizó una reunión informativa en la que se discutieron modificaciones a la Ley de Estupefacientes 23.737, en un contexto de posiciones encontradas entre iniciativas impulsadas por Agustina Propato (Unión por la Patria) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas). El encuentro incluyó, además, el análisis del proyecto “antibarras” del Poder Ejecutivo.

Durante la charla, Propato sostuvo que la desfederalización del narcomenudeo dispuesta hace más de 15 años derivó, según dijo, en un aumento de causas vinculadas al microtráfico y el consumo, y reclamó “reestablecer el artículo 34” de la ley. Citó que en 2025 se iniciaron 84 mil causas y alertó que la persecución penal de menor cuantía “obstruye” el camino para investigar el delito federal de narcotráfico.

Desde el bloque Provincias Unidas, Scaglia defendió una postura contraria y aseguró que, en su experiencia provincial, la adhesión a la desfederalización permitió abordar el narcotráfico con más herramientas, aunque advirtió que existen casos que quedan “en un limbo” entre competencias federales y provinciales.

En esa línea, planteó ampliar la desfederalización, con un mecanismo de “resguardo” para que la Nación mantenga el fuero federal si aparece un riesgo de organización narco-criminal o redes internacionales.

Ante la divergencia, la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado (LLA), anticipó que habrá más encuentros para profundizar el debate, al señalar que se trata de “dos enfoques totalmente distintos”.

En tanto, legisladores de Unión por la Patria reclamaron discutir la política criminal de forma integral y vincular cualquier reforma con medidas de seguridad, despliegue policial, fiscalías y cárceles especiales. También se pidió abordar la investigación de manera “integral” y revisar aspectos de diseño institucional y el rol de la PFA, entre otros puntos.