La Comunidad Aborigen “La Quiaca Vieja” llegó a la legislatura jujeña y denunció que el gobierno los amenazó y ofreció pagarles cifras irrisorias para expropiarles los terrenos que ocupan desde hace varias generaciones.
El gobierno intenta hacerse de 75 hectáreas de la comunidad para emprender la obra del predio de la zona franca. Por eso, miembros de la comunidad se hicieron presentes en Casa de Gobierno de Jujuy para hacer público su rechazo al tratamiento a de la Ley de Creación de las Zonas Francas, emprendimiento por el cual, el gobierno los notificó para expropiarles sus terrenos por montos irrisorios, además de notificarlos que serán desalojados dentro de 10 días.
Según detallaron desde la comunidad, las notificaciones de expropiación fueron enviadas por la Secretaría de Pueblos Indígenas, sobre la cual, indicaron que “no está a favor nuestro, sino en contra. Además, señalaron que la ministra Natalia Sarapura, les había prometido otorgar el nombramiento de ese lugar como territorio comunitario, pero que hasta la fecha, no cumplió.
Por estas expropiaciones, el gobierno plantea una indemnización por montos bajísimos, tal es caso de una de las damnificadas, que recibió una notificación para percibir 2 mil pesos en carácter indemnizatorio por la expropiación de un terreno de 3 hectáreas. Asimismo, otra de las personas, manifestó que por su propiedad de 30×50 metros, el gobierno de Morales se ofrece pagar 103 pesos.
El proyecto del gobierno de la zona franca de La Quiaca establece que se ocupará unas 1200 hectáreas, para lo cual, se tomarán 75 hectáreas de la comunidad indígena.
Según el portal El submarino Jujuy el gobierno nacional y el provincial acordaron la autorización de venta al por menor de electrodomésticos y vehículos automotores en la Zona Franca de La Quiaca, que inicia la construcción del predio, el próximo 15 de noviembre en la ciudad fronteriza. Los comuneros se oponen al proyecto por considerar que afectará a los pobladores, quienes ya están denunciando la expropiación de tierras.
Marcial Trejo, presidente de la comunidad, afirmó al Submarino Radio que “el gobierno está violando nuestros derechos. No hubo una consulta previa. Acá solo van a favorecer a los empresarios y no a la comunidad”.
Resaltó que “hay 60 familias. Algunos vivimos hace más de 40 años y quieren expropiarnos de nuestras tierras sin previas consultas. Son 1200 hectáreas que son el centro de nuestro pastoreo y agricultura”. Dijo que “a una mujer de la Comunidad le ofrecieron 2000 pesos por 3 hectáreas y eso es ridículo”.
“La Comunidad de la quiaca tenía alrededor de 60 familias, que por diferentes motivos fueron mermando y actualmente son 30 familias, nuestros ancestros vivieron en esta tierra y nosotros seguimos viviendo aquí. Nos quieren quitar 1.200 hectáreas, que usamos para nuestros cultivos, hasta el momento nos hicieron promesas nomas, pero no hay soluciones”.
Por su parte, Paulina Trejo dijo que “no vamos a permitir que avasallen nuestros derechos y mucho menos que el gobierno quiera negociar con monedas, se está haciendo esto sin consentimiento de la comunidad, yo vivo ahí, mis hijos van a la escuela ahí, necesito estas tierras para mis hijos, mi mama sufre al ver lo que están haciendo con las tierras de nuestros abuelos”.
