Con la aprobación en el Senado, Santa Fe adhirió a la ley nacional “antimafias”
La norma habilita la declaración de “zonas sujetas a investigación especial”, que permite allanamientos sin orden judicial, intervención de comunicaciones y decomisos sin condena.
El Senado de Santa Fe dio sanción definitiva a la adhesión de la provincia a la denominada “ley antimafias”, número 27.786, que habilita mecanismos especiales para la investigación y persecución penal de organizaciones criminales. A diferencia de Diputados, donde la oposición cuestionó aspectos del proyecto, en la Cámara alta fue aprobada por unanimidad.
El Gobierno santafesino adhirió y participó de la confección de la ley nacional, que fue discutida en el Congreso el año pasado. El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, dijo que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido”.
Además, declaró que “la adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”, e hizo hincapié en lo que considera un cambio de paradigma: “El garantismo le hizo mucho daño al país”.
Uno de los ejes centrales de la ley consiste en declarar “zonas sujetas a investigación especial” a determinados territorios. A partir de eso, se habilitan mecanismos excepcionales para abordar fenómenos delictivos reiterados o vinculados a organizaciones, con investigaciones coordinadas entre distintos niveles del Estado y bajo control judicial. En determinadas situaciones, además, estas causas pueden pasar a la órbita de la Justicia federal.
La ley aprobada por la Legislatura permite detenciones por averiguación con plazos extendidos en casos excepcionales, con intervención del Ministerio Público Fiscal y control judicial. También habilita la interceptación de comunicaciones, con orden judicial y mecanismos de control, así como allanamientos en áreas determinadas o vinculadas a la investigación, con autorización judicial previa o validación posterior en casos de urgencia.
Entre otros puntos, la denominada “ley antimafias” permite la inmovilización de activos de personas o empresas sospechadas de vínculos con organizaciones criminales, mediante orden judicial, así como el decomiso anticipado de bienes, incluso sin condena firme, cuando exista sospecha fundada de origen ilícito. Estas medidas buscan intervenir no solo sobre los autores directos de los delitos, sino también sobre las estructuras que los sostienen, en especial en lo que refiere al financiamiento.
El presidente del bloque de la UCR en el Senado, Rodrigo Borla, destacó durante la sesión de este jueves que se busca abrir las puertas para los “allanamientos exprés” y facilitar los decomisos para dañar las bases económicas de las organizaciones criminales.
La diputada radical Ximena Sola, autora del proyecto, participó de la sesión en la Cámara alta y pidió la palabra para señalar que “con decisión política es posible atacar a las mafias”. A la vez, consideró que la adhesión provincial a la norma nacional incluye “todos los aportes” que, en las comisiones del Congreso de la Nación, fueran formulados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Cococcioni.
“No es una norma autoritaria”, dijo la diputada, mientras que el senador del departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo, advirtió sobre los jueces “que no son garantistas, sino que se abusan de la garantía” a la defensa en juicio, incluida en la Constitución Nacional. Les reclamó hacer “una interpretación exegética de la norma”, es decir, respetar las palabras con que fue redactada la ley, que incrementa las penas para quienes participan de organizaciones criminales.
Otra novedad que incorpora la norma a la que adhirió la provincia es un cambio en el Código Penal: los miembros de una organización criminal pueden ser castigados con la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo. Es decir que, una persona que vende drogas en un búnker, puede ser condenado por el delito de homicidio -que posee un pena más alta- si otro integrante de la banda cometió un asesinato.